Tiempo para la transparencia

Sumario para los establecedores de las políticas

¿Cuál es el problema?

•	Los gobiernos de los países en desarrollo normalmente no ofrecen información sobre los ingresos que perciben de sus recursos naturales, ni las empresas multinacionales de extracción publican información sobre los pagos que hacen a los gobiernos de dichos países. Tal opacidad esconde billones de dólares en financiación indebida, como revela este informe. 

¿Por qué importa?

•	El ciudadano medio, verdadero dueño de los recursos naturales, se queda sin la información que le permitiría pedir a sus gobiernos que den cuenta de la gestión de sus recursos. Desposeídos, quedan marginados y a merced de la asistencia de los donantes. En Angola, por ejemplo, uno de cada cuatro dólares provenientes del petróleo se esfuma. Al mismo tiempo, uno de cuatro niños muere antes de la edad de cinco años de enfermedades que podrían haber sido evitadas.

•	Las empresas ven sus ingresos legítimos malversados y manipulados, lo que les deja vulnerables ante acusaciones de complicidad con corrupción y con el consiguiente riesgo para sus reputaciones. Las élites deshonestas pueden extraer todo tipo de ‘pagos de facilitación’ de compañías que probablemente preferirían no pagar ningún soborno.

•	Los Estados que administran deficientemente los recursos pueden hundirse, lo que fuerza más ayuda de la comunidad internacional, creando una inestabilidad que amenaza el suministro de  importantes productos básicos industriales.

¿Qué se puede hacer?

•	Todos aquellos países en desarrollo ricos en recursos y todas las empresas de extracción de recursos naturales deberían participar enérgicamente en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, del Gobierno del Reino Unido, (ITIE o EITI en inglés), y procurar publicar voluntariamente información sobre los ingresos percibidos de la extracción de recursos. Pero la publicación voluntaria no funcionará en todas aquellos países en que más se necesita la transparencia, porque muchas élites políticas y comerciales tienen intereses creados en impedir la transparencia para proteger su lucro ilícito.

•	Se necesitan un conjunto de políticas conectadas para obligar a las empresas de extracción a que publiquen los pagos que efectúan a los gobiernos país por país, y para obligar a los gobiernos huéspedes a que publiquen lo que recaudan.

•	Se pueden aplicar ajustes simples a las políticas existentes de transparencia informativa de las empresas, disposiciones de ‘libros y registros’ en la legislación contra la corrupción y normas internacionales de contabilidad, para exigir a las empresas multinacionales que hagan público lo que pagan.

•	Los organismos de crédito a la exportación, los órganos bilaterales y multilaterales y los bancos deberían hacer sus préstamos y seguros a los gobiernos a condición de que estos hagan público los ingresos que perciben de la extracción de recursos naturales. 

•	La línea de trabajo prioritario de las instituciones financieras como el Banco Mundial debería ser la transparencia informativa sobre los ingresos en las actividades de sus carteras de préstamos y asistencia técnica, imponiéndola como condición necesaria de todos sus apoyos financieros e incluyéndola en sus consultas sobre estrategia nacional de lucha contra la pobreza. 

Este enfoque es totalmente consecuente con los objetivos internacionales, así como un paso hacia ellos, a fin de promover gobiernos responsables y un debate democrático sobre la gestión de los recursos, y de garantizar suministros seguros de energía mediante un entorno operacional más sostenible.

La transparencia informativa es una prioridad para la buena gestión empresarial y para garantizar suministros seguros de energía 

A nivel mundial los ingresos provenientes del petróleo, del gas y de la minería, que deberían financiar el desarrollo económico sostenible, han sido objeto de malversación y mala gestión. Este informe de Global Witness considera cinco ejemplos representativos de este problema: Kazajstán, Congo Brazzaville, Angola, Guinea Ecuatorial y Nauru.

En estos países, los gobiernos ni siquiera facilitan información básica sobre los ingresos que perciben de los recursos naturales. Tampoco las empresas petrolíferas, mineras y de gas publican ninguna información sobre los pagos que efectúan a los gobiernos. Como consecuencia, enormes sumas de dinero no están sujetas a control alguno, y las élites deshonestas pueden extraer todo tipo de ‘pagos de facilitación’ de las compañías que probablemente preferirían no pagar ningún soborno. Las investigaciones revelan también que algunas empresas han facilitado de buena gana pagos oficiosos, malversación de activos del estado, y otras actividades nefastas como el envío de armas, como parte de un método anticompetitivo y sumergido de obtener negocios con regímenes irresponsables. El ciudadano medio, a quien a menudo pertenecen los recursos de su país en el marco de su constitución, se queda sin la información necesaria para exigir a sus gobiernos que le den cuenta de la gestión de sus recursos.  El resultado final es una letanía de corrupción, decadencia social, aumento de la pobreza, refuerzo de gobiernos autoritarios y desasosiego político, que puede en última instancia conducir al fracaso estatal y a la difusión de la inestabilidad a través de las regiones. 

En Kazajstán, la investigación de corrupción extranjera más grande en la historia jurídica de los Estados Unidos ha dejado al descubierto un escándalo de corrupción de envergadura internacional que ‘estafó al Gobierno de Kazajstán los fondos a los cuales tenía derecho de las transacciones de petróleo y defraudó al pueblo de Kazajstán del derecho a los servicios honestos de los funcionarios elegidos y nombrados por los ciudadanos’. El ardid se gestó en torno al Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev y el Ministro de Petróleo Nurlan Balgimbayev, que exigieron que las empresas petrolíferas internacionales como Chevron (ahora Chevron-Texaco) y Mobil (ahora ExxonMobil)  pagasen una serie de tarifas no habituales al intermediario James Giffen en nombre de la República de Kazajstán. Este acuerdo, afirma el documento inculpá torio, ayudó a Giffen a sustraer dinero de estas negociaciones y enviar alrededor de 78 millones de dólares en comisiones al Presidente Nazarbayev y otros a través de docenas de cuentas bancarias extraterritoriales en Suiza, Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas.  En este procesamiento sólo se acusa a Giffen. Otro billón de dólares del dinero del petróleo de Kazajstán se ha descubierto también escondido en el extranjero, bajo el control directo de Nazarbayev, en un fondo secreto en Suiza. Irónicamente, la única razón por la cual ha salido a la luz tal información es porque el Presidente Nazarbayev involuntariamente sacó a la luz el estado de cosas cuando trataba de desacreditar a un rival presidencial.

Congo Brazzaville es uno de los estados petrolíferos que está más estrechamente asociado con el legado de tráfico de influencias y negocios sucios en África por la hoy notoria empresa petrolífera estatal francesa, Elf Aquitaine (ahora Total).  Elf trató el Congo como su colonia,  comprando a la élite  dirigente y ayudándola a hipotecar los futuros ingresos del país procedentes del petróleo a cambio de muy costosos préstamos.  Parece que la empresa incluso llegó a financiar a ambos bandos en la guerra civil, como hizo también en Angola.

Si bien en Francia se ha encarcelado a antiguos funcionarios directivos por la ‘estafa de los activos de la empresa’, aún sigue en pie su legado de opacidad y contabilidad espeluznante. Pese a las inmensas deudas actuales y un supuesto programa de cooperación con la comunidad internacional para reestructurar las finanzas del Congo, el gobierno ha entrado en tratos aún más arcanos y tortuosos, a fin de evitar que la comunidad internacional y sus propios ciudadanos le sometan a un escrutinio financiero. De hecho, la empresa petrolífera nacional Société Nationale des Pétroles du Congo tiene beneficios de millones de dólares pero, según el FMI, ésta no paga ni un sólo céntimo de su ganancia a las arcas del gobierno. 

En Angola, documentos del FMI y otras fuentes presentan nuevas pruebas que confirman las denuncias previamente hechas por Global Witness en cuanto a que, desde 1996, no se ha explicado lo que ha sucedido con la suma de más de mil millones de dólares por año de los ingresos del país derivados del petróleo, que representa casi un cuarto de los ingresos anuales del estado. Entretanto, uno de cada cuatro niños angoleños mueren antes de la edad de cinco años y un millón de angoleños desplazados en el país siguen dependiendo de la ayuda alimentaria internacional.  Este informe destaca las últimas revelaciones del escándalo ‘Angolagate’, en el cual las élites políticas y del mundo de los negocios en Francia, Angola y otros lugares se sirvieron de la guerra civil del país para desviar los ingresos provenientes del petróleo. Hace poco, en una investigación suiza, ha salido a luz que el mismo Presidente Dos Santos ha recibido el pago de millones de dólares.  El gobierno continúa en busca de préstamos respaldados por el petróleo y pagando altos intereses que son financiados por estructuras extranjeras opacas e irresponsables. La gran preocupación actual es que la élite de Angola simplemente pasará del pillaje en tiempos de guerra de los activos públicos a especular con la reconstrucción.

En Guinea Ecuatorial, las empresas petrolíferas parecen dispuestas a hacer negocios con el brutal régimen del Presidente Obiang Nguema.  El gobierno del país se ha visto empañado por las acusaciones de corrupción, violencia política, abuso de los derechos humanos y narcotráfico. Aunque el ‘boom’ de la producción petrolífera ha producido un impresionante aumento del PIB, las condiciones de vida continúan siendo de las peores de África.  Esto podría ser porque el dinero procedente del petróleo del país esté en el extranjero: recientemente, diversos periodistas han destapado pruebas de que importantes empresas petrolíferas de EE.UU. están realizando pagos directamente en una cuenta bajo el control del Presidente en el Banco Riggs, en el céntrico barrio de Washington DC.

El Banco Riggs se ha encargado de la compra de mansiones de millones de dólares para Obiang y su familia. La relación entre los ingresos del Estado y las finanzas personales del  Presidente no parece muy clara. El gobierno mantiene que es completamente abierto y transparente respecto a los  ingresos que percibe del petróleo pero, hasta la fecha, la única forma en que la información ha pasado al dominio público ha sido cuando los medios de comunicación internacionales la han llevado hasta allí.

Por último, la administración opaca e irresponsable de las reservas de fosfato han transformado al diminuto Nauru de la nación más rica del mundo per cápita a una tierra   yerma y en quiebra. La explotación de fosfato se dio en un país cuyo nombre es sinónimo de gestiones bancarias ocultas y blanqueo de dinero, donde se blanquearon más de 80 billones de dólares durante la transición económica de Rusia en la década de los noventa.  En este entorno libre de impuestos y libre de requisitos en materia de transparencia informativa, los ingresos del fosfato de la isla fueron dilapidados por funcionarios irresponsables, especulación frívola y, en palabras de un observador, ‘una corriente constante de políticos oportunistas y ladrones’. Ahora se ha agotado el dinero.  En bancarrota, sumido en una agitación social y política, y afrontando su posible extinción por la subida del mar, Nauru es un barco que se va a pique.

El descubrimiento principal de este informe es que ninguno de los escándalos de malversación de dinero aquí descritos hubiera sido posible si las empresas multinacionales se hubieran visto obligadas a hacer públicos sus pagos básicos al estado por la explotación de recursos naturales.

En general, la transparencia en la gestión de los ingresos percibidos de los recursos naturales es fundamental para un desarrollo próspero y la reducción de la pobreza. El petróleo, la minería y el gas son sectores económicos de importancia crítica en cerca de 60 países en desarrollo o en transición.  Entre los 3,5 billones de personas en esos países, alrededor de 1,5 billones vive con menos de 2 dólares americanos al día y constituyen más de dos tercios de la población más pobre del mundo.  El Banco Mundial clasifica a doce de los 25 estados más dependientes de la minería y seis de los estados más dependientes de petróleo en el mundo como Países Pobres Muy Endeudados (HIPC/PPME), con los Indicadores de Desarrollo Humano situados entre los peores del mundo.

El status quo en el negocio de extracción de recursos es una situación en la que todas las partes salen perdiendo:

•	Las actividades comerciales ven malversados y dilapidados sus ingresos legítimos que pagan  a los gobiernos, lo que conduce a una división social y a un entorno comercial inestable. Inversores que controlan alrededor de 3 trillones de dólares de fondos pusieron recientemente de relieve el considerable riesgo comercial que representa la falta de transparencia, y afirmaron que: ‘Aunque legítimos, los pagos encubiertos a los gobiernos podrían ser vistos como parte contribuyente con las condiciones en las cuales puede florecer la corrupción’.  La falta de cumplimiento con la publicación de los pagos netos no sólo deja a las empresas abiertas a  ‘acusaciones de complicidad en el comportamiento corrupto’, sino que también socava su ‘licencia para operar’ en la sociedad, lo que los hace ‘vulnerables a conflictos locales y a la inseguridad, y posiblemente compromete sus perspectivas comerciales a largo plazo en estos mercados’. Un reciente ejemplo de estos problemas es el continuo desasosiego en la región petrolífera de Nigeria, que ha conducido a importantes interrupciones en la producción de petróleo.

•	El ciudadano medio, que a menudo es el verdadero dueño de los recursos, queda desposeído y dependiente de la asistencia de los donantes.

•	A los contribuyentes del Norte se les exige que compensen los fracasos o las deficiencias del estado en el Sur en forma de ayuda: esto es ineficaz y mina los esfuerzos actuales de los donantes en mejorar la gestión gubernamental en los países no transparentes. 

•	La comunidad internacional se enfrenta con una inestabilidad que, en algunos casos, amenaza directamente la seguridad del suministro energético. Las políticas actuales de garantizar suministros seguros de energía parecen basarse en la no-intervención en los estados que han fracasado o que están en vías de fracasar, mientras los recursos continúan  escapándose hacia el exterior. Lo que saca en limpio este informe es que esta política no funciona: los problemas iniciales de transparencia informativa se ignoran hasta convertirse en defectos fatales en la arquitectura total del Estado, causando finalmente el colapso que interrumpe los flujos de recursos y deja a los estados vulnerables a la infiltración de grupos criminales y terroristas. 

La comunidad internacional ha dado los primeros pasos hacia el reconocimiento de la importancia de mejorar la transparencia informativa y la buena gestión gubernamental de los ingresos de los recursos naturales, pero las soluciones que propone no son ni eficientes ni exhaustivas. El Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair, y su Departamento para el Desarrollo Internacional han convocado un foro denominado: Extractive Industries Transparency Iniciative – EITI (Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas), para promover la toma de medidas por parte de los gobiernos y las empresas sobre este punto. Si bien la ITIE llevado a cabo una valiosa labor, que incluye la identificación de las principales corrientes de ingresos en el comercio de extracción de recursos y la creación de una serie de modelos para la recopilación de datos, cuenta con pocos recursos y depende puramente de la publicación voluntaria de los datos de las empresas y los gobiernos.  La declaración de 2003 de la cumbre del G8 en Evián, pone igualmente de relieve un enfoque voluntario para promover la transparencia informativa en el sector extractivo. 

Este enfoque voluntario no va a funcionar en la mayoría de los países donde más se necesita. Las enormes cantidades de fondos desviados reveladas en este informe muestran que las élites políticas y del mundo de los negocios tienen, en la actualidad, intereses en evitar la transparencia. De hecho, cuando BP quiso publicar los pagos efectuados al gobierno en Angola, se enfrentó de inmediato con la amenaza de perder su licencia y que ésta pasara a manos de competidores menos escrupulosos.  Si la publicación de estos datos fuese obligada por ley, invalidaría las ‘cláusulas judiciales de control de la información’ en los acuerdos de licencia con algunos gobiernos que impiden la publicación de datos y, por ende, se evitaría el problema de sancionar a las empresas por ruptura de contrato. En todo país desarrollado, la ley exige la publicación de los datos financieros clave, de modo que ¿por qué tendría que ser diferente en Angola y en otras economías en desarrollo?

Con esta finalidad, la coalición Publish What You Pay (Hagan público lo que pagan), compuesta de más de 190 ONG del Norte y del Sur, está requiriendo legislación para  exigir que las empresas extractivas hagan público sus pagos a todos los gobiernos.  Este crucial primer paso ayudaría a los ciudadanos en los países pobres pero ricos en recursos, a demandar a sus gobiernos que les den cuenta de la gestión de los ingresos.  Además, al crear un campo de juego justo mediante la reglamentación, se mitigarían los riesgos de a la reputación de las empresas y éstas se protegerían de la amenaza de que los gobiernos corruptos les cancelen los contratos. 

La última sección de este informe examina la acuciante necesidad de reglamentación internacional y de un enfoque sistemático de la política exterior para promover la transparencia informativa sobre los ingresos. Los mercados de valores y las normas de contabilidad internacionales deberían requerir que las empresas petrolíferas, mineras y de gas hagan público sus pagos en el mundo entero. La transparencia informativa sobre los ingresos percibidos de los recursos naturales del país y los gastos debería ser una condición necesaria de toda la asistencia financiera internacional a todos los países donde tal transparencia no existe.  La transparencia debería también ser un criterio esencial de los préstamos respaldados por los recursos, que otorgan los bancos privados. Los organismos de crédito a la exportación, que aseguran muchas inversiones importantes para la extracción, deberían también exigir la transparencia informativa sobre los ingresos. 

Se podría mejorar el control de los ingresos con la enmienda de los parámetros de operación del Banco Mundial y el FMI, con la transparencia informativa sobre los ingresos como línea de trabajo prioritario en todas sus carteras de préstamos y de asistencia técnica, es decir, como condición necesaria para toda la ayuda y los préstamos, y para las consultas sobre la estrategia nacional de lucha contra la pobreza.

El hecho de que las empresas de extracción y los gobiernos hagan públicos los ingresos en los países que dependen de los recursos no detendrá la corrupción de un día para otro.  Pero sin transparencia informativa no puede haber un gobierno responsable, y podrían fracasar los esfuerzos para asegurar que los ingresos percibidos de los recursos se empleen debidamente, lo que a su vez intensifica la pobreza, la inestabilidad, los conflictos y el fracaso estatal.  Es hora de que las empresas actúen con honestidad respecto a los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales. 

Guinea Ecuatorial

Suma de dinero sin justificar: quizás hasta unos 500 millones de dólares.  Parece que el sistema de contabilidad formal apenas existe, y da la impresión de que gran parte del dinero del petróleo del país se mantiene en el exterior y escondido.  El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó de que ‘el superávit fiscal entre 2000 y 2001 excedía el incremento  en los balances bancarios  en 170 millones de dólares’, una discrepancia de cerca del 10% del PIB.

Tiempo de vacas gordas
El régimen del Presidente de por vida, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,  que ejecutó a su brutal tío Macias Nguema para subir al poder en 1979, se ha visto empañado por acusaciones de corrupción, amiguismo, brutal represión política, violaciones rutinarias de los derechos humanos y narcotráfico.   Algunos académicos incluso han descrito al país como uno de los pocos ‘estados criminales’ de África, incluyendo el ‘uso para fines privados de los órganos legítimos de violencia estatal por aquellos en una posición de autoridad, y la función de tal violencia como un instrumento al servicio de sus estrategias de acumulación de riqueza’.

Esto podría parecer un entorno peligroso en el  que hacer negocios.  Como comentó  uno de los principales diarios de España, a comienzos de los años noventa: ‘Sólo a un suicida se le ocurriría hoy establecer un negocio en Guinea Ecuatorial. Salvo que se tratara de una funeraria.’  En esa época, el país estaba casi completamente aislado de la comunidad internacional, si descontamos su papel protagonista en la obra de suspense de Frederick Forsyth sobre los mercenarios y la guerra en África, The Dogs of War, y la economía estaba paralizada.

Desde entonces se ha producido un sorprendente ‘boom’ de extracción de petróleo en alta mar. La producción es ahora de unos 300.000 barriles al día y subiendo, y la inversión extranjera, sobre todo de EE.UU., ha estado inundando el país.

En 2002, el Presidente Obiang – conocido también como ‘El Jefe’ – profetizó un período de prosperidad sin  precedentes para su pueblo: ‘Como las Escrituras dicen cuando el Faraón de Egipto tuvo un sueño de vacas flacas y vacas gordas, nosotros hemos pasado el tiempo de vacas flacas que representan el hambre, y ahora estamos en el tiempo de vacas gordas que es la prosperidad.’

En teoría, el país ha experimentado el crecimiento más rápido del PIB en el del mundo, más de 60% en 2001,  y la actividad petrolífera ha dado cuenta  del 86% del PIB del país entre 2000 y 2002.  El Banco Mundial estima que los ingresos anuales que percibe Guinea Ecuatorial del petróleo han  aumentado de cerca de 3 millones en 1993 a más de 210 millones en 2000, y que pueden alcanzar 700 millones en 2003.11  El Banco informa también de que ‘no ha habido impacto sobre los pésimos indicadores sociales del país.’

En el 2000, un Reportero Especial ante la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos informó de que  ‘el 80% de los ingresos nacionales se concentran en las manos del 5% de la población’. En 2001, afirmó que ‘[l]a ocurrencia de una bonanza económica excepcional, desde cuando a mediados de la última década se descubrieron portentosas fuentes de petróleo, no se ha traducido en un mejoramiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población que, en más de un 65%, vive en condiciones de extrema pobreza’.  En conjunto, el Reportero consideró que no había habido ninguna mejora en la situación en el país desde 1979, ‘pese a las reiteradas recomendaciones que un año tras otro ha hecho la Comisión al Gobierno de Guinea Ecuatorial.’17

Un informe de septiembre de 2003 de la Agencia de Información de la Energía de EE.UU. afirma de la misma manera que ‘a pesar del rápido crecimiento en el PIB, hay pruebas sustanciales de que el Gobierno se apropia indebidamente de los ingresos derivados del petróleo, en particular para gastos personales suntuosos. Además, el fracaso del Gobierno en destinar esos fondos para la economía, en particular el muy necesitado desarrollo de las infraestructuras del país, ha tenido como consecuencia una escasa mejora de la economía y el bienestar social de la mayoría de los ecuato-guineanos’.  El FMI  acordó en diciembre de 2003 que ‘la clasificación del país [Índice de Desarrollo Humano]  se había deteriorado substancialmente durante  [en los últimos años], resaltando que otras naciones eran más eficaces en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos aunque a menudo dedicaban menos recursos presupuestarios a esta tarea’.

Recientemente, han salido a la luz las chocantes acusaciones que pueden explicar la inmensa discrepancia  entre los ingresos percibidos del petróleo del país y su continua pobreza.  La información publicada en LA Times  en enero de 2003 menciona que  una enorme suma de entre 300 y 500 millones de dólares del dinero del petróleo del país  se encuentra depositada en una cuenta bancaria en Washington DC bajo el control de Obiang.  Documentos revelados más adelante ponen de relieve una relación laboral entre el Presidente, su familia y aquellos que administran el dinero del petróleo de Guinea Ecuatorial, en la organización de extravagantes compras inmobiliarias en los EE.UU. para el Presidente Obiang.

‘El Jefe’ mismo le dijo a un periodista extranjero en noviembre de 2003 que ‘no había pobreza’ en el país y que ‘el primer problema es el nivel cultural de la gente. La gente está acostumbrada a vivir de una manera muy diferente,  que ustedes piensan que es pobreza. En Guinea  [Ecuatorial], lo que tenemos es escasez.’
	
Una de estas carencias parece ser la casi total ausencia de transparencia informativa  sobre los ingresos percibidos del petróleo de Guinea Ecuatorial, aunque la constitución del país estipula que los ingresos del dinero deberían reflejarse en el presupuesto anual, que luego debería aprobar el parlamento.

Documentos del Banco Mundial y otras fuentes tratadas más adelante destacan rutinariamente el espantoso estado de la contabilidad del petróleo del país.  Obiang mismo ha declarado públicamente en varias ocasiones que los recursos de Guinea Ecuatorial son ‘secreto de estado’. Comentarios más recientes de funcionarios oficiales niegan cualquier secreto per se, y afirman que Guinea Ecuatorial desearía ser un caso piloto en la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva auspiciada por el Reino Unido (ITIE) en junio de 2002.  La información clara sobre los ingresos procedentes del petróleo de Guinea Ecuatorial no ha pasado a formar parte aún al dominio público, ni tampoco está claro cómo el país intenta seguir su interés en la ITIE.

Dada la seria naturaleza de las acusaciones de implicación del régimen en  actividades criminales y violaciones de los derechos humanos, incluyendo testimonios de personas de dentro del ex régimen, quienes afirman su implicación en el narcotráfico (ver más adelante), las empresas multinacionales podrían correr el riesgo de dañar su reputación sólo con hacer negocios con Guinea Ecuatorial.  Este daño podría ser incluso peor si resulta que las empresas petrolíferas están pagando dinero directamente en cuentas extraterritoriales fuera del escrutinio parlamentario sin hacer ninguna pregunta. La transparencia sobre los pagos al estado debería ser una condición mínima para que las empresas eviten ser vistas como cómplices de los presuntos excesos del régimen.

El período de importancia crítica para convertir las ganancias imprevistas del ‘boom’ del petróleo del país en ganancias para el desarrollo, y evitar la inestabilidad a menudo asociada con el uso inapropiado de la riqueza petrolífera, es corto. Al ritmo actual de explotación, el ingreso petrolífero del país durará probablemente entre una y dos décadas. El balance de las pruebas hasta la fecha indica que  la oportunidad de oro del país para iniciar su desarrollo se encuentra ante un peligro muy real de ser desaprovechada, y que la inseguridad y la lucha interna domina amenazadoramente el futuro del país.

El dinero del petróleo de Guinea Ecuatorial mantenido en el extranjero
Puede que el dinero del petróleo de Guinea Ecuatorial no esté conduciendo al desarrollo del país porque la mayoría del mismo es posible que ni siquiera esté en el país.  Un artículo del LA Times de enero de 2003 informó que una gran suma de entre 300 y 500 millones de dólares de ingresos percibidos del petróleo de Guinea Ecuatorial había sido  ingresada en una cuenta en la sucursal Dupont Circle del Banco Riggs en Washington DC.  El artículo afirma: ‘Varias fuentes familiarizadas con la cuenta dijeron que ésta estaba controlada exclusivamente por Obiang y que su balance había alcanzado entre 300 y 500 millones de dólares durante los últimos dos años’.20 El artículo también sostiene que ExxonMobil y Amerada Hess pagan dinero directamente a la cuenta, y aunque tales pagos no son ilegales, están mal vistos por las instituciones financieras internacionales y grupos anticorrupción. Las dos empresas rehusaron hacer comentarios al diario sobre esta afirmación. En caso de ser cierto, implica que una vasta porción de los ingresos del país percibidos del petróleo se mantiene en cuentas extraterritoriales y fuera de la vista de los ciudadanos del país.

Asimismo, un patrón de gestión financiera opaca fue sugerido por John Bennett, ex embajador de EE.UU.en Guinea Ecuatorial, en una entrevista de televisión en noviembre de 2003, en la que sostuvo que los ingresos del país habían sido de alrededor de 1,5 a 2 billones de dólares durante la última década, y que los miembros de la élite dirigente estaban ‘llevándoselos al extranjero’. 

LA Times nombra a Simon Kareri como gerente de cuentas en Riggs y lo describe como gerente de nivel superior de banca internacional que provee servicios bancarios a individuos con un mínimo de 1 millón de dólares para invertir.20 El artículo observa que Kareri previamente llamó la atención de la prensa al proveer servicios bancarios al hombre de negocios maliense Foutanga Dit Babani Sissoko, quien se enfrentó con un juicio civil por parte del Dubai Islamic Bank por malversación de casi 250 millones.  Parte de ese dinero se recuperó posteriormente en un juicio en rebeldía.

El artículo relata que: ‘Kareri abrió una cuenta en Riggs para Sissoko en 1997, cuando Sissoko estaba bajo arresto domiciliario en Miami tras haberse declarado culpable de  intentar sobornar a un agente de aduanas en EE.UU..  Sissoko quería ocultar su control sobre la cuenta, pasó millones de dólares a través de  ésta y regularmente tenía a un representante que retiraba grandes sumas que guardaba en una maleta o en sus bolsillos.  Kareri dijo a los abogados de Dubai Islamic en una  declaración jurada que tenía sospechas de Sissoko, pero que no había informado de sus preocupaciones a sus superiores o al Departamento de Tesoro de EE.UU.’20

Global Witness deliberó recientemente sobre esta información de la cuenta Riggs con los ministros de Tesorería, de Justicia y de Energía ecuato-guineanos.  Los ministros confirmaron la existencia de la cuenta Riggs y estipularon que era una cuenta oficial  de la Tesorería. Inicialmente, rehusaron confirmar o negar si únicamente Obiang tenía control sobre la cuenta, pero aseguraron a Global Witness que quienquiera que tuviera poder para firmar había sido debidamente aprobado por el gobierno. En una conversación más tarde, dos de los ministros describieron al Presidente como el ‘primer auditor’ del país y dijeron que él personalmente verifica los ingresos que recibe la Tesorería. 27

Comentarios de Obiang durante dos entrevistas de televisión en noviembre de 2003 parecen confirmar que el Presidente tiene el control exclusivo del dinero del petróleo.  En una entrevista, en el contexto de preguntas sobre este asunto, Obiang dijo: ‘Yo soy el que organiza las cosas en este país porque en África hay muchos problemas de corrupción y de desvío de dinero.  Si hay corrupción o desvío de fondos, entonces yo soy el responsable. Esa es la razón por la que estoy cien por cien seguro de controlar todos los ingresos,  porque el que firma soy yo.’21  En una segunda entrevista, aclaró: ‘Me encuentro obligado a asumir personalmente la responsabilidad total como el Único Ordenador General de Pagos incluso cuando mucha gente está en contra de esto – con el objeto de ejercer el control necesario, en vista de que, como Presidente de la República, la Constitución me hace responsable del funcionamiento correcto de todas las instituciones del Estado’.26 El FMI había recomendado previamente que esta función supervisora la lleve a cabo el Ministro de Finanzas.

El Artículo 10 de un contrato de producción de petróleo mostrado a Global Witness por los ministros estipula que toda la recaudación del petróleo deberá ser depositada directamente en la Tesorería del país.  No obstante, explicaron que los  ingresos del petróleo se encontraban normalmente fuera del territorio nacional por dos razones principales. Primero, porque el edificio de la Tesorería no es seguro, ya que no está equipado con sistemas de seguridad modernos y carece de caja fuerte. Segundo, porque, como los pagos que hacen las empresas petrolíferas son en dólares de EE.UU., el gobierno perdería dinero en comisiones si se depositaran en la sucursal ecuato-guineana de un banco internacional para después cambiarlo a moneda local.  Además, habría un retraso entre el  ingreso del cheque y el momento en que se hiciera efectivo en la cuenta.27

Estas explicaciones invitaron la pregunta obvia: ¿por qué no es posible que el gobierno mantenga una cuenta corriente extranjera con el Banco Central de Estados Áfricanos BEAC, donde ya tiene una cuenta de la tesorería?  De hecho, el FMI ha estado pidiendo al gobierno desde 1999 que transfiera ‘todos los pagos de las empresas petrolíferas’ a la cuenta que tiene en BEAC28 y que ‘publicara totalmente las cuentas bancarias del gobierno en el extranjero’. 

Parece natural preguntar si las empresas petrolíferas han investigado con debida diligencia que las cuentas a las que efectúan sus pagos pertenecen realmente a la Tesorería.  La sección sobre Kazajstán de este informe observó que Mobil escribió a un banco suizo en marzo de 1998 para obtener detalles de las transacciones de cuentas para seguir una investigación interna sobre pagos que estaban siendo cuestionados.  ¿Llevó a cabo ExxonMobil con antelación verificaciones sobre la cuenta Riggs?

Entretanto, Obiang mismo ha comprado dos casas de lujo en Maryland mediante transacciones facilitadas por Kareri.  A finales de 1999, parece ser que Obiang pagó 2,6 millones de dólares en efectivo por una mansión en el exclusivo  barrio DC de Potomac Maryland.  La casa tiene diez baños, siete chimeneas, y una piscina interior.20 Al año siguiente, otra casa en Maryland se compró a nombre de la esposa de Obiang, Constancia Mangue Nsue por una suma más modesta de 1,15 millones de dólares.  Más tarde se transfirió a los nombres de Constancia y Obiang. Constancia firmó una hipoteca de 747.500 de dólares en el Banco Riggs por esta compra, la que se pagó en su totalidad nueve meses después.  Los documentos tributarios y los detalles de contacto para ambas compras se dan como: Simon P. Kareri, Riggs Bank NA, 1913 Massachussets Avenue, NW Washington DC 20036. 

También se ha sabido que Kareri ha ayudado al hermano de Obiang, Armengol Ondo Nguema a comprar una vivienda unifamiliar moderna en Virginia valorada en cerca de 350.000 de dólares en 2000.20 Armengol, jefe de las notorias fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial, es uno de los miembros con más influencia y más temidos de la élite dirigente. Fuentes que incluyen al Departamento de Estado de EE.UU. han confirmado las acusaciones de la participación de su departamento en graves violaciones de los derechos humanos. 

LA Times dice que Kareri envió una carta de referencia a la agencia inmobiliaria en la cual describía a Armengol como ‘un cliente valorado  del Riggs Bank’.20  Este respaldo contrasta con un informe del Departamento de Estado, publicado en 1999, que incluye testimonios de que cinco prisioneros fueron golpeados en prisión hasta la muerte por las fuerzas de seguridad bajo la dirección de Armengol. El informe relató como: ‘La  policía, según se afirma, orinó  sobre los prisioneros, les pateó las costillas, les cortó las orejas con cuchillas, y les embadurnó todo el cuerpo desnudo con aceite para atraer a una hormigas que pican. El Presidente y funcionarios de alto nivel reconocieron que las fuerzas de seguridad habían cometido excesos, pero los achacaron a personas corruptas y aisladas. Sin embargo, de acuerdo con informes fidedignos, esta tortura fue aprobada por los más altos niveles del Gobierno y fue dirigida personalmente por el jefe de  seguridad presidencial, Armengol Ondo Nguema quien, según se afirma, hostigaba a los prisioneros describiendo el sufrimiento que les quedaba por soportar.’ 

Global Witness no ha recibido aún respuesta de Kareri o de Riggs Bank acerca de estas cuestiones.  Cuando Global Witness preguntó a los ministros ecuato-guineanos  acerca de las compras de la casa de la familia de Obiang y las fuentes de pago, dijeron que el Presidente era rico por su propia cuenta a través de actividades comerciales privadas. De acuerdo con los ministros, una de estas actividades era arrendar o vender el complejo de la villa ‘Abayac’ entre el aeropuerto de Malabo y ExxonMobil.27  Este complejo se ha convertido desde entonces en la base para las operaciones de ExxonMobil en Guinea Ecuatorial.

Los ministros ecuato-guineanos dijeron también que la información sobre los ingresos procedentes del petróleo y su gestión estaban disponibles estaba disponible libremente, pero que sólo se podía proporcionar dentro del país.27  Invitaron a Global Witness a que viajara a Guinea Ecuatorial para acceder a la información. Pero, durante una segunda reunión con Global Witness, los ministros se alteraron cuando se les pidió que clarificaran varios puntos.  Un ministro dijo que no estaba dispuesto a continuar con la discusión y, acusando a Global Witness de terroristas y racistas, se fue, precipitando el fin de la reunión. 

Este informe no debe dar una errónea visión negativa del diálogo: después de todo, los representantes del gobierno estaban por lo menos dispuestos inicialmente para sentarse y hablar acerca del tema.  No está claro si la invitación de visitar Guinea Ecuatorial y el compromiso del gobierno de facilitar información sobre sus cuentas petrolíferas aún sigue en pie. 

En la reunión inaugural de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE), el gobierno de Guinea Ecuatorial sostuvo que se estaba encaminando hacia la transparencia y acogió con agrado la oportunidad presentada por la iniciativa. Cristóbal Menana Elá, Ministro de Minas y Energía, afirmó: ‘Después de un análisis exhaustivo de los principios y acciones de la iniciativa, observamos que los principios de la misma encajan perfectamente y en conjunción con nuestra política de gobierno  [...] En conclusión,  existen las vías a través de los cuales nuestro Gobierno cree que podemos transmitir información relacionada  con los recursos extractivos naturales  de una manera transparente a la vez que se respetan las cláusulas contractuales’. 

Es de esperar que el gobierno elabore ahora sus planes para implementar la ITIE y clarifique también las cuestiones que rodean a la cuenta Riggs.  Un informe del FMI en 2003 pidió explícitamente al gobierno ‘continuar con sus intenciones de ser un caso piloto en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas’. 

‘Una ruptura en la disciplina y transparencia fiscal’
El antecedente histórico en Guinea Ecuatorial es uno de muy poca transparencia informativa.  Sucesivos informes del Banco Mundial y el FMI indican que hay poca o ninguna contabilidad gubernamental eficaz; que las empresas petrolíferas prestan dinero al gobierno con muy altas tasas de interés, para fines no revelados; que una cantidad considerable de los ingresos del país se mantienen en el extranjero; y que el gobierno ha desdeñado ofertas de asistencia técnica en renegociaciones de contratos importantes de petróleo. 

Un informe de 1999 del FMI  apunta a una ‘ruptura en la disciplina y transparencia fiscal’ desde las explotaciones de yacimientos de petróleo importantes en 1992 y 1996. Observa también que ‘sigue habiendo serias flaquezas en los procedimientos presupuestarios y en la gestión gubernamental, se carece de compromiso con el control presupuestario de gastos, y el persistente gasto extra presupuestario dificulta la integridad del ejercicio presupuestario anual y el diseño de una política eficaz y su implementación’.  

Un resumen de la consulta de seguimiento del FMI con el gobierno en 2001 – éste último no permitió que se publicara el informe completo – subraya una ‘falta de control sobre las operaciones financieras del gobierno’.29 Sostiene que ‘no hay control fiscal sobre los pagos debidos y pagados por las empresas petrolíferas. Los montantes provenientes del petróleo se ingresan  en cuentas fiscales mantenidas en el extranjero. Más aún, se han venido financiando grandes gastos extra presupuestarios desde 1996 mediante anticipos sobre los ingresos percibidos del petróleo, y las empresas petrolíferas han estado reteniendo directamente los ingresos derivados del petróleo al estado para rembolsar estos anticipos.’29

El último informe del FMI sobre Guinea Ecuatorial en diciembre de 2003 reiteró que ‘por un largo período, la respuesta de las autoridades ante la persistente mala gestión económica... y serias cuestiones de gestión gubernamental eran inadecuadas, y la insuficiente disposición de información económica ha afectado seriamente a la capacidad del personal para llevar a cabo una supervisión eficaz’.14

El FMI observó algún progreso limitado ‘en la intensificación de la transparencia de transacciones relacionadas con el petróleo, y otros aspectos de la gestión del sector petrolífero. En particular afirmó que ‘el uso de pagos anticipados ha sido suprimido’.   No obstante, el FMI observó que ‘discrepancias en años anteriores necesitan todavía ser clarificadas’ y se refirió a ‘disciplina presupuestaria persistentemente débil’. El informe sostuvo que ‘en 2001, el incremento en depósitos del gobierno era menos del excedente fiscal registrado en 10% del PIB. En conjunto, a finales de 2001, los excedentes fiscales registrados acumulados en 2001 excedían el incremento en los balances bancarios del gobierno por 170 millones de dólares.’  Esto indicaría que una cantidad considerable del dinero del petróleo de Guinea Ecuatorial está en la actualidad fuera de las cuentas públicas oficiales.

El FMI subrayó ‘la urgencia de formular una estrategia a medio plazo destinada a transformar la riqueza petrolífera de Guinea Ecuatorial en desarrollo sostenible.  Esto debería incluir mayores mejoras en la gestión gubernamental y la transparencia; [y] la creación de una estructura transparente para ahorrar y administrar parte de la riqueza petrolífera del país.’ 

Un ex asesor del gobierno confirmó a Global Witness el deplorable control por parte del gobierno del dinero procedente del petróleo, diciendo que el presupuesto ‘no significa nada – es sólo un trozo de papel.  La realidad es completamente diferente’.  El asesor dijo también que las ofertas de asistencia técnica del Banco Mundial habían sido rechazadas en varias ocasiones. Esta situación parece incluso más extraordinaria dado que el gobierno ha firmado contratos con empresas petrolíferas en el pasado en términos mucho peores que aquellos asegurados por otros productores de petróleo africanos (ver a continuación).

La afirmación de que el gobierno rehusó las ofertas de ayuda está respaldada por información de la propia División de Evaluación de las Operaciones del Banco. Un informe de 2002 sostiene que, pese a las ofertas de asistencia directa y la existencia de un proyecto de fortalecimiento de las capacidades en el país, el gobierno eligió negociar los dos contratos petrolíferos principales, para el yacimiento Alba en 1990 y el yacimiento Zafiro en 1992 sin ninguna ayuda externa. El trato para el caso de Zafiro tuvo lugar sin ni siquiera saberlo el Banco, incluso cuando se suponía que estaba colaborando con el gobierno hasta la fecha.  El Banco interpretó este  hecho como ‘una falta de compromiso con los objetivos fundamentales del proyecto, y una preferencia por el dinero en efectivo inmediato frente a la optimización financiera a largo plazo (dando prioridad a la negociación de anticipos sobre futuros ingresos derivados del petróleo)’.

El informe del Banco Mundial afirma también categóricamente que ‘no hay datos disponibles sobre el desglose de los ingresos procedentes del petróleo’.  Asimismo, condena al gobierno por el ‘hecho de que no está dispuesto a compartir la información contractual crítica y por la tendencia al secretismo’ y el hecho de que ‘no cumplió, y sigue incumpliendo, sus obligaciones de conformidad con el proyecto para contabilizar los ingresos procedentes del petróleo a través del presupuesto.’

‘Guinea Dictatorial’
Las preguntas acerca de la gestión del gobierno de los ingresos que recibe del petróleo están lejos de ser teóricas, dado que estos ingresos ayudan a habilitar a un régimen político que ha estado caracterizado por testimonios de extrema brutalidad  contra su propia gente y acusaciones de estar involucrado en el narcotráfico. La evidencia mostrada más adelante indica que el sobrenombre otorgado por un diario francés, ‘Guinea Dictatorial’, es  apropiado.

 Hay un clima palpable de miedo y de impunidad en el país. Hace poco, la radio estatal – la única fuente de noticias para la mayoría de los ciudadanos –  afirmó que, debido al contacto permanente del Presidente Obiang con Dios: ‘él puede decidir matar sin que nadie le pida cuentas y sin ir al infierno porque es el Dios mismo.’

No ha habido ninguna elección libre, justa y transparente en Guinea Ecuatorial desde  su independencia en 1968, informó el Departamento de Estado de EE.UU. en 2000.  Obiang recibió más del 97% de los votos en las elecciones presidenciales de 2002 después de que los líderes de la oposición se retiraran en masa, en una votación descrita por el Departamento de Estado como ‘empañada por un extenso fraude e intimidación’. Tal vez la oposición estaba aún resentida por el feo suceso de junio: un juicio masivo de más de 140 opositores al régimen acusados de un  intento de golpe de estado.  El juicio fue denunciado por  Amnistía Internacional, que dijo que consideraba aquellos condenados como ‘prisioneros de conciencia’.

Puede que el régimen no se detenga ahí para silenciar la disconformidad. El Departamento de Estado observa, por ejemplo, que el gobierno ha tratado de  neutralizar a los grupos opositores mediante secuestros en otros países.49 

Un informe de 2002 del Departamento de Estado confirma que el historial de derechos humanos del gobierno continúa siendo negativo, y en él se cita a las fuerzas de seguridad llevando a cabo torturas, golpes y otros abusos contra prisioneros y sospechosos que algunas veces termina en muertes.  Las condiciones en prisión son duras y durante la detención se producen muertes como resultado de las torturas,  abusos y falta de atención médica.

Asimismo, se han puesto de relieve serias preocupaciones sobre el maltrato de mujeres y minorías étnicas. Testigos presenciales han informado de que, después de una manifestación por grupos minoritarios en enero de 1998, soldados y civiles del grupo étnico mayoritario fang patrullaron las calles de Malabo golpeando a las personas  pertenecientes a la minoría étnica bubi y violando a las mujeres. A algunas de ellas les clavaron tenedores en la vagina y les dijeron, ‘de ahora en adelante, ese es tu marido’.

Un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU observó en 2001 que ‘Guinea Ecuatorial continúa careciendo de un consistente Estado de derecho, en lugar del cual existe una concentración de poderes en el ejecutivo, lo que se traduce en continuas detenciones arbitrarias y torturas’. El informe dijo además que ‘[l]a situación podría mejorarse con un poco de voluntad política’ por parte de la comunidad internacional y agregó que también es decisiva la cooperación de las compañías multinacionales que explotan la riqueza del país para lograr un cambio positivo.

Un informe de octubre de 2003 de la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados) sobre el régimen jurídico del país afirma que: ‘ las leyes en Guinea Ecuatorial o bien (i) no son escritas y por ende nunca son debida o coherentemente usadas; o (ii) las leyes son inconsecuentes con la constitución; o, (iii) son anticuadas, o (iv) son ad hoc’.   En conjunto, la Internacional Bar Association (IBA) concluyó que: ‘la población de Guinea Ecuatorial no tiene casi acceso a la protección legal ni a muchos de los derechos humanos básicos... El control político se concentra dentro de una pequeña élite que sostiene los poderes ejecutivos y judiciales, sin separación efectiva.  La corrupción es endémica, y la tortura es de uso común por parte de  la policía’.  A la luz de la nueva riqueza petrolífera encontrada en el país, la IBA ‘exhorta a aquellos en el poder a que usen algunos de los ingresos derivados del petróleo para traer justicia y derechos al pueblo de Guinea Ecuatorial’ y apela a los ‘inversores internacionales... a que responsabilicen  [a los líderes del país]’.57

Por si estos factores no fuesen lo suficientemente perturbadores, hay denuncias de que el régimen está vinculado con el narcotráfico. En 1994, el respetado Observatoire Géopolitique des Drogues (Observatorio Geopolítico de Drogas o OGD), con sede en París, llegó a clasificar a Guinea Ecuatorial como un ‘estado narcotraficante’,  lo que implicó que el OGD consideraba que hay directa participación del gobierno en el narcotráfico.

Ha habido alegatos intermitentes desde los años ochenta en adelante de cerca de diez miembros de la élite dirigente  sorprendidos con grandes cantidades de estupefacientes mientras viajaban con pasaportes diplomáticos.  Además, dos personas de dentro del antiguo régimen han hecho serias y explícitas denuncias del papel de Guinea Ecuatorial en el narcotráfico.

El antiguo ministro de Información de Guinea Ecuatorial, Santos Pascual Bikomo Nanguande, hizo una declaración escrita a un juez en España, donde está sirviendo una condena de nueve años en prisión por entrar al país con 14 kilos de heroína desde Pakistán en 1997, en la cual sostiene que Guinea Ecuatorial es una ‘plaque tournante’ (puerta giratoria) en una red de narcotráfico que estaba basada en torno a sus misiones al extranjero y el uso de su valija diplomática para transportar drogas.  También nombró a figuras del alto nivel del régimen quienes, dijo, dirigían y organizaban la red narcotraficante.

Otra persona de dentro del régimen, Joaquín María Alogo Ondo Edu, fue detenida cuando las investigaciones sobre las actividades de Bikomo se ampliaron en 1997, pero fue más tarde puesto en libertad. En septiembre de 1998, sin embargo, su cuerpo apareció en Medellín, Colombia. Poco antes de su muerte, Alogo escribió una confesión, que posteriormente llegó a manos de Global Witness, en la cual afirma que su lujosa casa en Madrid se utilizaba como una base para el tráfico de estupefacientes, falsificación de documentos y tráfico de pasaportes ecuato-guineanos. Alogo describió también cómo estableció un lucrativo negocio de tráfico de pasaportes desde Hong Kong en el período previo de la transición de la colonia británica al control chino y sostuvo que tenía conocimiento de las extensas actividades bancarias extraterritoriales y de las operaciones de lavado de dinero que involucraban bancos en París, Camerún y Suiza.  También es interesante que escribiera que se utilizaba dinero del petróleo en estas operaciones bancarias extraterritoriales.

La embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid condenó los artículos en la prensa española que vinculaban el régimen con el tráfico de drogas como ‘tendenciosos, sin fundamento, insultantes y sensacionalistas”. Al cierre de esta edición, el gobierno no ha respondido a las indagaciones sobre este tema hechas por Global Witness.

Hay pruebas, sin embargo, de que los miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial estaban asociados con algunas figuras controvertidas en la década de 1990 como Victor Guy Llansol, de quien el Dictionnaire Géopolitique de Drogues dice que la agencia ‘Drug Enforcement Agency’ de EE.UU. (DEA) ‘afirma que él estaba trabajando para el Cartel de Medellín’.

Expatriados extranjeros y funcionarios del gobierno en Guinea Ecuatorial dijeron a Global Witness que Llansol empezó a pasar tiempo en el país a comienzos de los años  noventa y fue puesto a cargo de las telecomunicaciones por el presidente.,  Llegó con un sofisticado equipo de telecomunicaciones que era, como mínimo, desproporcionado  en comparación con las rudimentarias comunicaciones de la nación, donde la lista de personas en la guía telefónica aparece bajo sus nombres de pila.67, 68,    Algunas fuentes señalan que Llansol pasó a ser asesor financiero de alto cargo del gobierno.67,68 Diplomáticos extranjeros residentes en Guinea Ecuatorial, incluyendo el entonces embajador de EE.UU., dicen también que Llansol era conocido por DEA, que abrió una ficha sobre él, y parecía estar  involucrado en el blanqueo de dinero. 67,69

Global Witness ha obtenido también una copia de una carta al Presidente Obiang en enero de 1993 de una empresa venezolana que le ofrecía un préstamo para financiar el desarrollo del país contra futuros ingresos de la agroindustria y minería.  Según el diario El Mundo, el garante del préstamo era una empresa basada en Panamá cuyo tesorero era Llansol.68,  El Mundo, que nombra a Llansol como Llanse, informa que la empresa prestó más tarde a Guinea Ecuatorial alrededor de mil millones y medio de dólares. Global Witness no posee ninguna confirmación independiente de que realmente se efectuara este préstamo.  Si se  hubiera efectuado, su valor sería aproximadamente cuatro veces el PIB del país, lo que invita la pregunta obvia de dónde  fue ese dinero.

Global Witness ha visto ofertas de préstamos con cero o bajo interés en la misma época, vinculados con condiciones como otorgar pasaportes diplomáticos, lo que produjo preguntas interesantes acerca de otros vínculos financieros formados por los miembros del régimen.

En términos más generales, hay serias imputaciones pendientes de incorrecciones institucionalizadas y abusos en serie de  derechos humanos.  Éstas justifican una respuesta seria mediante una amplia y transparente investigación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial y, donde sea apropiado, por funcionarios de otras jurisdicciones.  Asimismo, hay una lección clara para las empresas internacionales que operan en el país:  la transparencia y debida diligencia sobre sus pagos al gobierno son vitales para paliar el riesgo  para su reputación asociándose con los excesos e inequidades imputadas al régimen.

¿Gana el ‘Gran Petróleo’ del régimen?
Una posible atracción para las empresas petrolíferas en un entorno tan arriesgado como el de Guinea Ecuatorial es su insólita alta rentabilidad.  Según el FMI, la porción de las ganancias del petróleo del gobierno es muy poca conforme a los estándares internacionales. El informe de 1999 del Fondo, dijo que los primeros contratos ‘garantizaban una tasa de rentabilidad del 30% desmesuradamente alta para los operadores petrolíferos y ofrecía condiciones de recuperación de los costos, excepcionalmente favorables’.  El FMI dijo que, mientras que la recaudación de los gobiernos para los países africanos sub-saharianos se extiende entre 45-90%,  la recaudación inicial del gobierno en Guinea Ecuatorial se estimó en solamente 15-40% y probablemente  entorno al extremo más bajo de esa  franja.

Un ex asesor del gobierno describió la manera en la que los contratos petrolíferos con el  régimen se han hecho aprovechando la falta de capacidad del país, su notoriedad y la inexperiencia comercial de su élite.  El ex asesor  situó  el porcentaje de las ganancias del gobierno obtenidas de las primeras concesiones otorgadas en el país en un insignificante 10%, incluso menor que la franja de estimaciones del FMI. La Economist Intelligence Unit ofrece una tercera y todavía menor estimación, cerca del 5%. 13,41

El ex asesor explicó que dicho porcentaje se incrementó después de 1999, cuando el Banco Mundial señaló lo inadecuado que era el  acuerdo que estaba obteniendo.  Los ingresos del estado son ahora entre 15-25% de las ganancias.41  Sin embargo, el Banco Mundial afirma que los contratos revisados sobre el yacimiento de Alba son ‘aún demasiado favorables para los productores’ mientras que el FMI anota que el nuevo sistema de contrato ‘continúa confiriendo a las empresas petrolíferas, de lejos, las más generosas disposiciones  tributarias y participación de las ganancias en la región’.  La transparencia informativa claramente ayudaría a corregir esta situación: si se obligara a las empresas petrolíferas a que publicaran sus pagos al estado aquí y en otros países, sería obvio que Guinea Ecuatorial está haciendo un mal negocio con su riqueza petrolífera. Por supuesto, esta podría ser una de las principales razones por la cual las empresas internacionales se oponen a la publicación individual de los pagos de cada empresa.

El FMI informa también de que las autoridades de Guinea Ecuatorial tienen poca o  ninguna capacidad ‘para controlar eficazmente los costos del petróleo  y evaluar sistemáticamente estimaciones presupuestarias de las compañías’.75 Esto deja al régimen dependiente de los sistemas contables y análisis de los costos de operación propios de las empresas petrolíferas para asegurarse de que reciben los ingresos correctos, lo que posibilita a las empresas contratantes  el mover los costos de un lado a otro y  usar precios de transferencia para minimizar la responsabilidad tributaria.  La empresa petrolífera estatal de Angola, Sonangol, en contraste, es notoria por su diligencia en evaluar los costos de operación y de infraestructura de las empresas petrolíferas internacionales.

Las empresas petrolíferas también han sacado ventaja de la ‘preferencia del régimen por el dinero efectivo inmediato sobre la optimización financiera a largo plazo’44 prestando dinero para  lo que el  FMI llama ‘gasto extra-presupuestarios no registrado’75 a tasas no concesionales. Esto significaba proveer préstamos por adelantado con altos intereses para luego descontar este dinero directamente de los pagos del petróleo, aunque  la evidencia reciente indica que tal vez  tales prácticas ya no se llevan a cabo.40 Es como si el régimen estuviera viviendo de sus tarjetas de crédito con altos intereses proporcionadas por las empresas petrolíferas, sin ninguna responsabilidad porque no había registros centralizados de quién debía qué.  Una fuente indicó que de esta forma se gastaron grandes sumas de dinero en infraestructura para la cumbre de los líderes de África Central en Malabo en 2002.41

Fuentes  familiarizadas con las cuentas del petróleo de Guinea Ecuatorial afirman que la auditoria del Banco Mundial de 2001  tanto de las operaciones de las empresas de petróleo como de los pagos al gobierno desvelaron contundentes discrepancias entre los pagos debidos y los pagos hechos por las empresas que operaban en el país.  En un caso, uno de los más grandes operadores del país tuvo que hacer un pago de ‘corrección’ de alrededor de 53 millones de dólares.  El informe del FMI de 2003 observó también que 88 millones de dólares, alrededor del 3% del PIB estimado, ha sido desde entonces recuperado por el gobierno en auditorias que abarcan entre 1996 y 2001.

Un fax subrayó nuevamente las preguntas acerca de la naturaleza de la relación entre el régimen y las empresas de petróleo, que aparentemente fue enviado a la sede de Abayak de Mobil el 25 de agosto de 1999 por el Ministro de Minas y Energía, Cristóbal Mañana Elá Nchama, solicitando ‘su acostumbrada colaboración’ en la provisión de fondos para el próximo viaje presidencial a Canadá y Nueva York.  El fax fue primero filtrado al diario español El País.  Poco tiempo después, el gobierno de Guinea Ecuatorial negó que Mobil pagase alguna vez los gastos de viajes del Presidente Obiang. Ellos explicaron que el viaje en cuestión era en realidad un examen médico en una clínica famosa de EE.UU., lo que indicaría un viaje personal más bien que oficial.  Pese a esta negación oficial, es necesario preguntar por qué el ministro hizo la solicitud de fondos en primer lugar y de que forma suelen colaborar las empresas de petróleo a las cuales los funcionarios superiores solicitan el financiamiento de viajes personales u oficiales.78

El Departamento de Estado de EE.UU. y El País informan también de que, antes de 1999, las empresas petrolíferas empleaban trabajadores locales exclusivamente por mediación de la ‘Agencia para la Promoción y Empleo de Guinea Ecuatorial’, conocida como APEGESA.  Según ambas fuentes, la agencia retenía dos tercios de los sueldos de los empleados como comisión, investigaba a empleados considerados no simpatizantes con el partido político dirigente; y despidió a varios que firmaron una petición quejándose de mal trato.  Un diario explicó hace poco que ‘todos los ecuato-guineanos que deseen trabajar en las empresas multinacionales extranjeras han de pasar antes por las agencias de contratación propiedad de los hermanos de Obiang: Armengol y Mba Nguema, por ejemplo, la MSS, Multi Service System, y el SENAVI: Servicio Nacional de Vigilancia.’

Hacia 1999, el gobierno estaba haciendo grandes reembolsos de sus préstamos de las empresas petrolíferas, permitiéndoles deducir el dinero de los ingresos derivados del petróleo directamente. En noviembre de 2003, se informó de que el régimen estaba también    a punto de completar las negociaciones con el Deutsche Bank y otros cuatro bancos sobre un préstamo de 400 millones de dólares respaldados con el petróleo, en nombre de la recién formada empresa de petróleo estatal, GEPetrol, que buscaba el dinero para comprar el 20%  de un proyecto de gas natural licuado dirigido por Marathon.  Dado el  infeliz precedente de préstamos respaldados  por la producción petrolífera en Angola y Congo Brazzaville, esto desembocará en unas finanzas públicas incluso más opacas. El FMI advirtió hace poco que ‘ [las autoridades] deberían  ser conscientes de que las operaciones de las empresas petrolíferas de propiedad estatal a menudo tienen problemas de transparencia y control’ y aconsejó que ‘cualquier expansión de las actividades de GEPetrol debería proceder con cautela y prestar la atención debida a cuestiones relacionadas con la gestión gubernamental y la transparencia’, destacando la necesidad de un ‘marco más detallado de supervisión de la compañía [...] incluyendo controles internos y externos apropiados, gestión empresarial y procedimientos de presentación de informes’.84

Preocupantes preguntas sobre transparencia
Está claro que el Gobierno de Guinea Ecuatorial no podrá apaciguar las denuncias de gestión irresponsable y conflictos de interés sobre el dinero del petróleo hasta que publique y administre sus ingresos abierta y transparentemente. Como en Kazajstán, la publicación de ingresos por parte de las empresas identificaría inmediatamente si los ingresos del gobierno procedentes del petróleo están actualmente situados fuera del país.  Dicha transparencia informativa es doblemente importante por la aparente falta de cualquier contabilidad coherente de los ingresos que se derivan del petróleo en el país.

El status quo presenta incómodas preguntas para las empresas petrolíferas y sus inversores. Considérese la cuenta Riggs. Los pagos a una cuenta de tesorería en el extranjero no son ilegales, pero las reglas contables de EE.UU. y más recientemente, la nueva legislación anti-terrorista, el ‘Patriot Act’, exigen el escrutinio detallado de las cuentas de ‘alto riesgo’ como  aquéllas establecidas por los líderes políticos extranjeros o sus familias. Cualquier actividad bancaria en EE.UU. por el régimen o sus miembros parecerían de alto riesgo, pidiendo mayor escrutinio en virtud del Acta, dada: (a) la admisión de Obiang de su control personal sobre el dinero del estado y el posible conflicto de intereses con su papel de primer auditor del ingreso público; (b) la reputación del hermano de Obiang, Armengol como torturador y responsable de graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno; (c) las acusaciones de que las empresas petrolíferas hacen préstamos para fines encubiertos.

A menos que tomen medidas para paliar los riesgos asociados haciéndolos totalmente transparentes, las empresas petrolíferas que trabajan en el país podrían considerarse cómplices en la malversación de bienes públicos, con  un efecto de rebote en sus reputaciones y el valor de sus acciones.  El daño a la reputación y la pérdida de la licencia social para operar es cada vez más preocupante para los inversores en el sector del petróleo, gas y minas,  como quedó evidenciado por la reciente  preocupación expresada por los gestores de fondos con control de más de 6,9 trillones de dólares en activos.  Existe  un conflicto de intereses entre la tendencia  a corto plazo de la gestión actual de muchas petrolíferas que operan en Guinea Ecuatorial, que le siguen la corriente al opaco y brutal régimen con el fin de cosechar ganancias rápidas, y el interés de los accionistas a largo plazo, quienes podrían pagar el precio  de su complicidad en el futuro. Los accionistas no deberían permanecer indiferentes ante la posibilidad de que su empresa petrolífera esté efectuando pagos a un gobierno cuyos soldados pueden violar a mujeres con tenedores.

La cuenta Riggs ofrece también un mensaje en  clave a la más amplia comunidad internacional. Personas de dentro del régimen indican que la localización en el extranjero de la  cuenta bancaria puede reflejar el deseo de Obiang para poner el dinero más allá del alcance de aquellos que lo rodean, en parte debido a su inquietud acerca de la intensa competencia entre varios miembros de la  élite dirigente, incluyendo su  primogénito Teodorín y su primo  el general Agustín Ndong Ona para sucederle como presidente. Al cierre de esta edición, varias fuentes informan de que ha comenzado una nueva ola de represión en el país, enfocada  contra el General Ndong Ona, los miembros de su familia y asociados cercanos. Una interpretación de esta situación es que se trata de ‘la largamente esperada transición  del poder  en Guinea Ecuatorial... en la cual el hijo mayor del Presidente Teodoro Obiang Nguema, Teodoro, posiblemente elimina rivales en  un gesto final antes de tomar las riendas’. 

Dado que Guinea Ecuatorial yace en una parte de África donde la riqueza petrolífera está comúnmente vinculada con los golpes de estado y guerras civiles, hay un riesgo de inseguridad futura que podría muy bien interrumpir el acceso extranjero al petróleo.  Por ello, la comunidad internacional necesita  presionar para conseguir transparencia, como parte de un esfuerzo más amplio para poner el sistema político del país sobre  una base estable y sostenible. 

En base a nuestras deliberaciones con los ministros ecuato-guineanos en febrero de 2003, hay dos puntos en los cuales Global Witness y el gobierno podrían estar de acuerdo. Primero, que cualquier intento de mejorar la transparencia informativa debería ser mundial, en lugar de únicamente focalizado en Guinea Ecuatorial.27 La falta de transparencia informativa sobre los ingresos públicos es un problema mundial de gestión gubernamental que requiere una solución global. Segundo, que los ministros pidieron asistencia para la mejora de su capacidad técnica.27 Tal asistencia es vital porque, hasta el momento, tal capacidad es mínima en Guinea.  Sin embargo, dado que la ausencia de transparencia financiera en el país puede ser conveniente para el régimen, la asistencia futura debe condicionarse a la transparencia informativa, a la publicación de los ingresos y a la gestión responsable del dinero procedente del petróleo del país.

El absurdo de la situación actual en Guinea Ecuatorial se personifica en la casi perfecta contradicción servida por una portavoz de ExxonMobil en respuesta a las acusaciones de la cuenta Riggs.  Ella protestó: ‘Yo no sé dónde se hacen nuestros pagos... nosotros tenemos estándares comerciales y éticos muy altos’ O es una cosa, o la otra: las empresas petrolíferas y los gobiernos extranjeros deben actuar ahora para evitar mayor complicidad en el desposeimiento y penuria del pueblo ecuato-guineano.

ARTÍCULO EN RECUADRO

Pese a sus largas ausencias de Guinea Ecuatorial, Teodorín  ha sido nombrado el nuevo Ministro de Infraestructura y su talento y recursos familiares le han ganado también un lugar en el mundo del rap en Los Angeles a través de su producción musical y editorial en Beverly Hills, TNO Entertainment. Como explica él mismo: ‘Yo soy joven y me gusta mucho la música...  El rap, el funky... Soy muy amigo de la familia Jackson, en especial de Jeremy Jackson... El próximo 25 de septiembre, lanzamos nuestro primer disco de rap... no he gastado mucho por ahora. Sólo medio millón de dólares’.

Las empresas y los gobiernos deben ser transparentes

Las empresas petrolíferas, de gas y mineras realizan una serie de pagos diferentes por los ingresos procedentes de los recursos naturales a los gobiernos. Entre ellos:

•	Pagos de regalías; a menudo definidos como un porcentaje del valor de la producción.

•	Pagos de primas o ‘bonuses’ al firmar el contrato, sobre el emplazamiento de los depósitos comerciales del mineral o al alcanzar ciertos niveles de producción.

•	Impuestos sobre la renta de las sociedades, pagados sobre los ingresos después de deducciones permitidas para costos de operación, exploración y de intereses y la depreciación de los bienes. 

•	Otros impuestos, incluyendo el impuesto retenido sobre pagos de dividendos, impuesto indirectos sobre la exportación, aranceles, impuesto sobre el valor añadido/ventas y impuestos de bienes inmuebles.

Aunque resultan complicados, estos arreglos no son indescifrables.  Unas simples reglas para la publicación podrían abarcar la mayoría de las operaciones entre las empresas y los gobiernos.  Gran parte de la tarea de decidir quién debería publicar qué y cuándo ya se ha hecho en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, liderada por el Gobierno del Reino Unido. 

No obstante, la mayoría de los contratos firmados por las empresas petrolíferas, mineras y de gas con los gobiernos  anfitriones contienen una cláusula judicial de control de la información, que impide la publicación de información sin la aprobación gubernamental.  Es muy poco probable que el permiso se obtenga, en especial cuando es más necesario, como experimentó BP para su perjuicio en Angola.  La empresa hizo una declaración pública en la cual expresaba su intención de publicar sus pagos al Gobierno de Angola, y casi de inmediato recibió una carta amenazándole con terminar su contrato por violar la cláusula de confidencialidad del acuerdo de extracción (véase recuadro: ‘Los peligros del voluntariado’).

RECUADRO

Los peligros del voluntariado: BP en Angola

La represalia que sufrió BP cuando anunció que publicaría sus pagos efectuados al gobierno en Angola es un perfecto ejemplo de que, si se deja que las empresas opten por la transparencia voluntaria, raramente se logrará una verdadera transparencia informativa.

En una carta de febrero de 2001 a Global Witness, el Director Gerente de BP-Amoco, Richard Olver, afirmó que la empresa  publicaría la producción neta total por bloque, sus pagos netos a la empresa petrolífera estatal Sonangol, y los impuestos totales pagados al Gobierno de Angola.

Este anuncio provocó una tajante respuesta del jefe de Sonangol, Manuel Vincente, en forma de una carta de vocabulario poco moderado, que se copió y remitió a todas las otras empresas petrolíferas en el país como una amenaza implícita. 

La carta, que posteriormente se filtró a Global Witness, describía la gran sorpresa de Sonangol, y cierta incredulidad por el hecho de que BP estaba ‘publicando información acerca de actividades relacionadas con el petróleo en Angola, parte de la cual es de carácter estrictamente confidencial... por tanto, violando seriamente las condiciones de contratos legales firmados con Sonangol.’ Tales actividades se consideraron como ‘suficiente razón para aplicar... la terminación del contrato’. 

La carta acusaba a BP de tomar la decisión de adoptar la transparencia porque ‘había estado bajo la presión de grupos organizados que utilizan los medios disponibles en una campaña orquestada contra algunas instituciones angoleñas, mediante la exigencia de una “pseudo-transparencia” de acciones gubernamentales legítimas’.  Esta declaración es un tanto confusa: si las acciones del gobierno son legítimas, ¿porqué tenerle miedo a la transparencia?

Parece que la amenaza de Angola tuvo el efecto deseado.  Posteriormente, BP intentó destacar esa información acerca de sus pagos al Gobierno de Angola, contenida en los registros tributarios del Reino Unido por BP Exploration Angola Ltd, subsidiaria registrada de la empresa, y sostuvo que al hacerlo, ha cumplido con su promesa.  Pero los registros de BP Exploration Angola están muy lejos de contener toda la información prometida en la declaración de Olver. Los registros no ofrecen ninguna información respecto a los tratos financieros de otras subsidiarias de BP Amoco que operan en el país, como el interés de Amoco en el Bloque 18 que está registrado en los Países Bajos, ni los libros de BP Angola revelan si su empresa matriz hizo pagos directos al Gobierno de Angola. 

La experiencia de BP pone de manifiesto que las empresas que operan en países como Angora están en una posición difícil.  La malversación de los pagos legítimos que efectúan las empresas internacionales de petróleo, gas y mineras a los gobiernos no beneficia a las mismas, pero si tratan de publicar la información pertinente, se enfrentan con represalias de aquellos con intereses personales en el gobierno, y con la posibilidad de ser minadas por empresas menos escrupulosas.  Por ello, se necesita una solución reguladora que cree un campo de juego justo para todas las empresas y que implante la práctica óptima en todas las empresas en competencia, para que la transparencia sea un hecho donde más se necesite. 

FIN RECUADRO

Sin embargo, las cláusulas de confidencialidad son obstáculos menores de lo que aparentan, porque típicamente incluyen amplias excepciones para la información requerida por la ley.  El Artículo 33(2) del ‘Deep Water Production Sharing Agreement’ (Acuerdo estándar sobre la participación en la producción en aguas profundas) en Angola, por ejemplo, afirma que: ‘cada una de las partes puede, sin tal aprobación [es decir, la aprobación del gobierno nacional o la empresa petrolífera estatal], publicar tal información... en la medida requerida por cualquier ley, reglamento o regla aplicable (incluyendo, sin límite, cualquier reglamento o regla de cualquier organismo regulador, comisión de valores o bolsa de valores en la cual los valores de tal Parte o cualquiera de los afiliados de tal Parte coticen en bolsa).’

Por tanto, la lógica de la campaña Publish What You Pay (Hagan público lo que pagan) es clara.  Si los requisitos de las cotizaciones en el mercado de valores y las normas para la presentación de informes financieros de las empresas incluyeran una obligación de que las empresas de la industria de extracción  publiquen sus pagos a los gobiernos, entonces invalidaría cualquier cláusula judicial de control de la información con respecto a sus pagos a ese gobierno en particular. 

Se puede argumentar que los requisitos de transparencia informativa basados en las reglas de las bolsas de valores no funcionarán, porque no cubren a las empresas que no cotizan en bolsa, ya sean privadas o estatales. En la práctica, no obstante, la mayoría de los actores más importantes en las industrias de extracción ya cotizan en bolsa de valores o lo harán en el futuro. En el ámbito mundial, las empresas extractivas de recursos cotizadas en bolsa compiten principalmente entre ellas.  Si los requisitos de transparencia informativa captan a todos estos actores más importantes, no habrá una pérdida importante de competitividad. 

Al contrario que la publicación voluntaria por la que abogan algunos, una transparencia informativa obligatoria impuesta por algunos reguladores haría descender la temperatura política de las relaciones entre las empresas extractivas y los países en los cuales desarrollan sus actividades comerciales. La publicación de pagos efectuados sería simplemente un procedimiento de operación normal que implantaría una empresa sin mayor discusión, en lugar de una declaración de principio o un juicio político sobre un gobierno anfitrión. 

La forma exacta de regulación y el tipo de empresas afectadas por la misma dependerá, por supuesto, del país en el cual se aprueba el reglamento.  Esta medida cuenta con precedentes, y no tiene por qué resultar onerosa o  difícil de implantar porque:

•	Las empresas de extracción de recursos están sometidas de forma rutinaria a requisitos de transparencia informativa muchísimo mayores que otras actividades comerciales, debido a la dimensión y la calidad de sus reservas, y otros datos de esta índole tienen un efecto directo sobre su valor financiero.

•	Hay un mínimo de gastos generales asociados con la presentación de informes.  Las empresas deben saber con antelación lo que pagan a cada gobierno nacional para fines contables internos y para informes financieros para sus inversores. 

•	En virtud de la legislación contra el cohecho en la mayoría de los países de la OCDE, los reguladores del mercado de valores ya han introducido una disposición sobre ‘libros y registros’, que requiere que las empresas mantengan suficientes detalles de sus tratos con otras entidades, y que prohíbe la contabilidad ‘no-oficial’. La publicación de los pagos efectuados por empresas individuales a gobiernos extranjeros constituye una extensión lógica de este requisito y es consecuente con el espíritu y la intención de las disposiciones actuales. 

La publicación de los ingresos también interesa personalmente a la dirección de la empresa, los accionistas y  la comunidad internacional.  Los gestores de inversiones que controlan alrededor de 6,9 trillones de dólares de fondos recientemente han insistido minuciosa y muy claramente en este punto en una declaración conjunta emitida en mayo de 2003 (véase recuadro: ‘La transparencia es una prioridad de la buena gestión empresarial y para garantizar suministros seguros de energía’).

La coalición Publish What You Pay (Hagan público lo que pagan) ha puesto de relieve numerosas maneras de promover la transparencia informativa sobre los ingresos en las industrias extractivas. Entre ellas:

•	Ajustes no legislativos a los requisitos de transparencia informativa y las reglas de cotizaciones en bolsa promulgados por los reguladores a raíz de los recientes escándalos financieros.

•	Una futura normativa internacional de presentación de informes financieros para las industrias extractivas, creada por la Junta Internacional de Normas Contables.

•	Ajustes legislativos a las disposiciones actuales de ‘libros y registros’ contra el cohecho, exigidas por los reguladores nacionales de valores y finanzas. 

•	Trabajo en normas europeas armonizadas de presentación de informes de las empresas, como la Directiva relativa a la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a cotización en un mercado regulado (en inglés; Transparency Obligations Directive/TOD), que está en la actualidad ante el Parlamento de la UE.

No faltan los medios apropiados para lograr una transparencia informativa sobre los ingresos.  Lo que falta actualmente es la voluntad política.

La transparencia informativa es una prioridad para la buena gestión empresarial y para garantizar suministros seguros de energía

La publicación de los ingresos permitirá que los directivos empresariales puedan proteger las reputaciones de sus empresas y asegurarse de que no se enfrentan a una competencia injusta de rivales sin escrúpulos, o que inadvertidamente desestabilicen el entorno en el cual operan. Asimismo, beneficiará a inversores y a la comunidad internacional de modo más amplio.

A las empresas no les merece la pena que se malversen o dilapiden sus pagos legítimos a los gobiernos, en vista que esto sólo conduce a la división y a la inestabilidad social que podría finalmente amenazar sus propias operaciones. Como experimentaron Shell y Chevron en Nigeria, el perjuicio duradero de la reputación como consecuencia de tratos hechos con gobiernos corruptos, puede ser enorme. La pobreza, el desasosiego étnico y el resentimiento contra las empresas petrolíferas se desataron en la región del Delta en marzo del 2003, y la resultante agitación redujo radicalmente la producción de Nigeria en más de 750.000 barriles diarios – una pérdida de un tercio del total del productor petrolífero más grande del África Sub-sahariana.  Debido al desasosiego, se ha pedido que algunos barcos petroleros que cargan en Nigeria obtengan un seguro contra el riesgo de guerra.

De modo más general, la percepción de que los gobiernos productores son menos responsables ante sus propios pueblos en la gestión de los recursos naturales puede también ser un catalizador para el desasosiego. Un buen ejemplo de ello es el levantamiento popular en Bolivia, donde la confrontación política por las exportaciones de gas llevó a protestas y al derrocamiento del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Las políticas que requieren transparencia informativa sobre los ingresos son también de interés para los inversores y la comunidad internacional. Como ha demostrado el escándalo de Enron y otros similares, una empresa  que administra sus finanzas de forma no transparente presenta un claro riesgo para los intereses de sus inversores.  Los estudios de caso de Kazajstán y el Congo pusieron de relieve cómo empresas americanas y francesas hacen o han hecho uso de medios no transparentes para ganar futuros beneficios que demuestran ser muy inseguros. De hecho, algunos contratos son tan opacos que están sujetos a una renegociación continua. Los inversores necesitan tener la seguridad de que las empresas no están haciendo negocios con métodos que podrían, a la larga, ser contraproducentes. 

Este punto está claramente destacado en una reciente declaración de 57 sociedades de  financiación de América del Norte, Europa y Sudáfrica, que manejan alrededor de 6,9 trillones de dólares en fondos y tienen considerables intereses en todas las principales empresas petrolíferas internacionales.  Estas afirman: ‘Aunque legítimos, a los pagos encubiertos a los gobiernos se les podría acusar de contribuir a las condiciones en las cuales puede florecer la corrupción. Esto es un importante riesgo comercial, y las empresas se vuelven vulnerables ante las acusaciones de complicidad en el comportamiento corrupto, estropeando sus “licencias para operar” mundial y localmente, y las deja en una situación vulnerable ante conflictos locales y la inseguridad, y posiblemente compromete sus perspectivas comerciales a largo plazo en estos mercados.’ 1

 La experiencia de las Minas Newmont en Indonesia ofrece un buen ejemplo de los efectos positivos de la transparencia informativa en el entorno de operaciones de la empresa.  La empresa comenzó a publicar detalles de sus pagos al Gobierno de Indonesia en los periódicos locales en 1999, en respuesta a las preocupaciones sobre dónde iba el dinero. La empresa  coloca ahora anuncios trimestrales en los que estipula la cantidad y la naturaleza de sus pagos al gobierno, así como también especifica a quién se dirigió el pago y los números de la cuenta bancaria donde se efectuaron los pagos. Aunque hay controversia acerca de ciertos otros aspectos de las operaciones de Newmont en Indonesia, los ejecutivos de la empresa describen la publicación de los pagos como una de las acciones más importantes que han llevado a cabo en el país para mejorar sus relaciones con la gente local implicada, y no menos porque esto resalta la responsabilidad del gobierno para la puesta a disposición de servicios para la gente local implicada.

Hay otros beneficios comerciales que se derivan de una mayor transparencia informativa.  Los analistas de inversiones podrían necesitar información sobre los pagos de las empresas a un estado, a fin de calcular los costos de hacer negocios en el país,  y así calcular la rentabilidad de las inversiones y para identificar las subsidiarias de las empresas en países específicos que no están rindiendo lo suficiente. Cuanto más alto sea el nivel de transparencia informativa, mejor podrán los inversores salvaguardar sus propios intereses. 

En un sentido más amplio, la inestabilidad impulsada por la mala administración de los ingresos derivados del petróleo puede presentar una gran amenaza a la hora de garantizar suficientes reservas de energía.Amenaza también las perspectivas de gobiernos transparentes y responsables, cuya promoción debería constituir una prioridad de política exterior para los importadores de energía como Estados Unidos.  Países en África que no publican información sobre sus ingresos proporcionan actualmente cerca del 15% de las importaciones de petróleo americanas, cifra que el Consejo de Inteligencia Nacional de EE.UU. espera que se eleve al 25% para 2015.  Se espera que la producción de la potencialmente inestable región del mar Caspio se duplique en la próxima década: aunque esta producción podría ser más importante para los suministros seguros de energía de Europa que para EE.UU., cualquier interrupción futura de suministro tendría repercusiones en el mundo de los precios del petróleo.  

Según revela un reciente informe del Grupo de iniciativa de políticas petrolíferas en África de EE.UU.: ‘EE.UU. no debería asociarse con regímenes impopulares y no democráticos. Por el contrario, una apropiada política exterior reforzaría los valores americanos con nuestros aliados e incentivaría el desarrollo democrático.  Una manera de lograrlo es entablar relaciones con los países productores de energía, de manera que fomente e incentive el desarrollo de una clase media, en lugar de permitir que los petrodólares fluyan hacia las manos de un pequeño número de líderes corruptos y a las de sus asociados... El petróleo africano no es un fin, sino un medio: un medio tanto para garantizar suministros seguros de energía americana como para el desarrollo económico africano más rápido.’ La transparencia informativa sobre los ingresos es esencial para lograr estos objetivos que también deberían ser prioridad para otros países industrializados.

La falta de transparencia impone un mayor coste para la comunidad internacional. El desvío ilícito de los ingresos percibidos del petróleo y del gas causa serias insuficiencias en los presupuestos públicos, que sólo se podría si acaso compensar con las donaciones y préstamos del exterior. Esto impone una carga pesada e innecesaria para los organismos humanitarios internacionales, los organismos de asistencia técnica y las entidades de crédito oficiales, la mayoría de los cuales reciben fondos de los gobiernos del Norte.  Este dinero debería utilizarse para propósitos más positivos que cubrir los déficits causados por la malversación de los ingresos procedentes del petróleo y del gas por los funcionarios corruptos. 

CITA FLOTANTE EN RECUADRO

“La buena gestión de los ingresos de la extracción de recursos naturales y la transparencia informativa sobre los mismos son realmente el meollo de la cuestión: los problemas y las oportunidades que presentan son el nexo de seguridad de suministro para Estados Unidos; un gobierno responsable y el desarrollo sostenible para los pueblos de los países productores de petróleo; y la inversión sostenible para las empresas.

La distribución opaca e injusta se debe habitualmente a una combinación de brutos cálculos políticos poco detallados, una extrema corrupción, y una inadecuada gestión.  El despilfarro de los ingresos públicos distorsiona las pautas de inversión y enriquece más a las élites; corrompe la ejecución del poder y erosiona las normas jurídicas; exacerba los conflictos regionales y amenaza la unidad nacional; priva a las comunidades locales de su derecho al desarrollo y les condena a la pobreza.  Puede que no afecte al resultado final de las empresas dentro de un mismo año, pero los efectos del despilfarro acumulativo de los ingresos se harán sentir porque desafían a sus licencias sociales para operar; hacen peligrar sus operaciones locales, y amenazan sus reputaciones mundiales.  Lo hacen mediante el acopio de tensiones entre las comunidades productoras de petróleo y las empresas que operan dentro o próximas a ellas.  Sitúan a las empresas en una posición no deseada de actuar como gobiernos sustitutivos de facto, debido tanto a la negligencia de las autoridades gubernamentales como a las en ocasiones violentas demandas de las comunidades locales.  Y puede dar la impresión de que las empresas son cómplices de los abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad llamadas a reprimir... el desasosiego.”

Marzo de 2003. Declaración a ‘Carnegie Endowment for International Peace’ por Bennett Freeman, ex Secretario Asistente Adjunto de EE.UU. del Estado por la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. 
FIN CITA FLOTANTE

Publish What You Pay (Hagan público lo que pagan): La transparencia como condición necesaria de toda asistencia financiera al país anfitrión

Algunos acuerdos contractuales entre las empresas y los gobiernos anfitriones  la mayoría contratos de petróleo y gas desde mediados de la década de los ochenta podrían significar también que el gobierno recibe un ingreso de los denominados ‘Acuerdos de participación de la producción’ que son independientes de los pagos de las empresas (véase recuadro: ‘Regímenes de extracción de recursos’).

Para obtener una visión completa de la renta pública percibida de los recursos, sería necesario, por tanto, que los gobiernos publicaran información sobre sus flujos de ingresos, tanto de las empresas estatales como de los acuerdos de participación en la producción.  Esta información, añadida a los datos de las empresas respecto de lo que ellas pagan, creará una mejor transparencia informativa, que permitirá que los ciudadanos de los países ricos en recursos pero, sin embargo, pobres, pedan seguir el rastro de los movimientos de los ingresos al presupuesto nacional. 

RECUADRO: Regímenes de extracción de recursos

Hay dos formas principales de acuerdos de extracción de recursos: concesional y contractual.

El sistema concesional es un acuerdo entre la empresa y el país pertinente que da al primero el derecho de explorar, desarrollar, producir, transportar y comercializar un producto básico dentro de una zona fijada por un plazo de tiempo específico. La producción y la venta de ese producto básico de la concesión queda entonces sujeta al alquiler, pagos de regalía, bonos e impuestos.  La empresa es titular responsable de los recursos producidos.  

La mayoría de los contratos mineros, muchos antiguos contratos petrolíferos y de gas son concesiones, a menudo en forma de ‘empresa conjunta’ en que las empresas toman un porcentaje de una licencia de operación, pagan costos de operación y desarrollo proporcionales y, tras pagar impuestos y pagos de regalía, reciben beneficios en proporción a su tenencia de acciones. En estos casos, exigir a las empresas que hagan público sus pagos a los gobiernos ofrecería una imagen clara de los ingresos públicos provenientes de estos tipos de concesiones.

Los sistemas contractuales cubren la mayoría de los contratos de petróleo y gas desde mediados de la década de los ochenta. En estos acuerdos, el gobierno anfitrión retiene la propiedad de su hidrocarburo o reservas minerales, y la empresa extractiva hace un trato con el gobierno anfitrión por el cual corren por su cuenta todos los costos de exploración y los costos de riesgos y explotación y producción, a cambio de una participación estipulada de la producción resultante de esta actividad.

Estos acuerdos toman normalmente la forma de Acuerdos de Participación de la Producción (PSAs en inglés).  En la industria petrolífera, donde estos acuerdos son más importantes, las empresas contractuales recuperan sus costos al inicio de la participación del petróleo extraído, llamado ‘petróleo de costo’. Después de pagar los impuestos y otros aranceles, el petróleo que queda, llamado ‘petróleo de ganancia’, se divide entre los socios del sector privado y la empresa estatal, de acuerdo a sus intereses de capital en el bloque. La ventaja teórica de un PSA sobre la empresa conjunta es que el gobierno obtiene su propia parte del petróleo que puede controlar y vender independientemente de las empresas multinacionales.

Los PSAs son menos transparentes que los acuerdos concesionales porque el desglose de los ingresos es más complicado, ya que el gobierno recibe una parte de las ganancias, aparte de los pagos directos (por ejemplo bonos personales, pagos de regalía e impuestos hechos por las empresas). Las instituciones como el Banco Mundial, son las que promueven tales acuerdos, independientemente de las implicaciones de su gestión gubernamental. Los ingresos del comercio directo de petróleo por el gobierno son habitualmente entre 20 y 30% de los ingresos totales de la extracción de petróleo, aunque esto puede elevarse a 70% en el caso de los productores de petróleo establecidos, por ejemplo el Oriente Medio.

Algunas empresas petrolíferas han usado ejemplos de actividades petrolíferas en Oriente Próximo para argumentar que, si se exige únicamente a las multinacionales la transparencia informativa, esto dejaría una porción considerable de ingresos públicos sin contabilizar. Este es un asunto preocupante, y una de las razones por las que organizaciones como Global Witness y sus asociados en la coalición Publish What You Pay (Hagan público lo que pagan) no sólo buscan que las multinacionales publiquen sus pagos, sino que también piden la transparencia informativa por parte de los gobiernos relevantes.  Pero, la publicación por parte de las empresas es un factor crucial de la ecuación por una serie de razones:

•	Los pagos efectuados por las empresas comprenden la mayoría de los ingresos a los gobiernos al inicio de la explotación del campo. La mayoría de los yacimientos en los países que trata este informe están actualmente en la fase de exploración de campo.  En esta primera etapa, el porcentaje de ingresos del gobierno es menor, porque la mayoría de los ingresos se los llevan las empresas para recuperar sus costos de inversión iniciales. Por ende, lo que se lleva directamente el gobierno, en contraste con los pagos de las petrolíferas, es necesariamente menor.  Un ejemplo de esto serían los cálculos comisionados por BP y Statoil en Angola, para una explotación conjunta que estaba previsto que se iniciase a finales de 2002, muestra que los pagos de impuestos de la empresa petrolífera constituye el 68% del ingreso de petróleo para el gobierno, de la concesión, durante los primeros nueve años de producción.

•	La hipoteca de ingresos del Estado significa que gran parte del dinero efectivo es de los pagos de las empresas.  La mayoría de los gobiernos no transparentes mencionados en este informe están probablemente recibiendo la mayor parte de sus ingresos por medio de pagos de impuestos y pagos de regalía de las empresas. Esto se debe a que los gobiernos a menudo han hipotecado su porcentaje de ingresos futuros a cambio de dinero inicial, que entonces utilizan las élites dirigentes para fines desconocidos.  Entre los próximos tres a cinco años, la producción del gobierno de Angola, por ejemplo, podría muy bien verse vinculada con el servicio de los fuertes pagos de interés sobre sus varios billones de dólares equivalentes a préstamos respaldados por el petróleo. 

•	El requisito de publicación por ley protege a las empresas multinacionales, de modo que no hay motivo para no ofrecer la información. Las empresas a menudo reclaman que ellas no son sustitutas de los gobiernos: Global Witness está de acuerdo con que las empresas sólo pueden hacer lo que está en su mano.  No les corresponde preocuparse de si su información ofrece un cuadro completo de las finanzas públicas; todo lo que corresponde a una empresa es preocuparse de si existe regulación suficiente para requerir una transparencia informativa que la proteja de las cláusulas judiciales de control de la información en su Acuerdo de Participación de la Producción. No corresponde a las empresas pedir al gobierno que rinda cuentas de la manera que maneja su dinero, y tampoco debieran decir al gobierno cómo gastar ese dinero. 

•	La información sobre los pagos efectuados por las empresas ofrece el primer punto de influencia para la sociedad civil. Incluso si no se dispone de toda la información del ingreso estatal, la sociedad civil puede, por lo menos, empezar el proceso de seguimiento de aquellos pagos declarados por las empresas al presupuesto nacional. Esto, a su vez, ejercerá presión sobre el gobierno para publicar su propio ingreso directamente. 

FIN DEL RECUADRO

Los mecanismos para promover la transparencia informativa sobre los ingresos del petróleo y del gas pertenecientes al estado, son menos directos que aquellos que se aplican a las empresas multinacionales.  Además de la presión a alto nivel diplomático,       existen otra serie de medios disponibles en la comunidad internacional.  En su conjunto,   y entregadas de manera sistemática, estas políticas captarán la propia corriente de ingresos del estado procedentes de los recursos de extracción en muchos de los países no transparentes.  Nuevamente no son ideas sobre medidas políticas lo que falta, sino su entrega y coordinación eficaz. Esto abarca:

•	Comenzar bien desde el principio
Los países en vías de desarrollo ricos en recursos naturales deberían beneficiarse de asistencia más eficaz para el fortalecimiento de su capacidad técnica, antes de que comience la extracción, a fin de fomentar la práctica óptima a efectos de contratación y gestión de los ingresos desde el comienzo. Esta función podrían cumplir los donantes bilaterales, o los organismos multilaterales como el Banco Mundial.

•	Exigir la transparencia informativa como condición necesaria de toda asistencia al desarrollo por parte de los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales
Hay un argumento de eficacia básico en el requerimiento de la transparencia informativa como condición necesaria de toda asistencia al desarrollo a los países ricos en recursos y no transparentes, aparte del motivo humanitario (véase recuadro: ‘La transparencia es una prioridad de la buena gestión empresarial y para garantizar suministros seguros de energía’). En la actualidad, el dinero de los donantes que se necesita desesperadamente en otras partes, se utiliza para cubrir los fracasos de los estados en proporcionar a sus propios ciudadanos los servicios básicos, porque ha habido  desfalco del propio dinero del estado. Para que este problema no sea eternamente exacerbado, se debe exigir la transparencia informativa sobre los ingresos para los programas de financiamiento futuros (véase recuadro: ‘La transparencia informativa como condición necesaria de toda asistencia al desarrollo por parte de los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales’). 

•	Apoyar a los reformistas en el gobierno
La asistencia para el fortalecimiento de la capacidad técnica a los gobiernos en países no transparentes debería estar dirigida al electorado interno con la finalidad de llevar a cabo reformas, como los ministerios de finanzas que tratan de promover los ejercicios contables y presupuestarios centralizados.

•	Invertir en la sociedad civil
La mayor facilitación de información por parte de las empresas multinacionales debería ir complementada con medidas que fortalezcan la capacidad de la sociedad civil local para que pidan a los gobiernos que rindan cuenta sobre la manera en que se administran y gastan los ingresos.

•	Requerir la transparencia informativa por medio de las entidades de crédito a la exportación
Las entidades de crédito a la exportación, abreviado aquí ECE, son órganos públicos que proveen préstamos respaldados por el estado, y aseguran desde sus propios países a las corporaciones que buscan desarrollar actividades comerciales en el extranjero.  La explotación de un campo petrolífero requiere proyectos de infraestructura de envergadura, a menudo en asociación con empresas petrolíferas nacionales como Sonangol en Angola, y las enormes sumas que esto significa constituyen con frecuencia una razón para que todos los asociados busquen el apoyo de las ECE.

Si las ECEs establecieran la transparencia informativa sobre los ingresos como criterio esencial para todos los futuros acuerdos financieros de crédito a la exportación, en todos los países donde operan, entonces se exigiría a las empresas petrolíferas estatales que publicaran sus cuentas. Si esto no sucede, los contribuyentes en el Norte subvencionarán, sin quererlo, la supresión de la potenciación de la sociedad civil en el Sur, con la ayuda de fondos para el desarrollo de la industria petrolífera sin la responsabilidad y la transparencia apropiadas. Por extensión, esto empeorará la carga sobre los contribuyentes del Norte a medida que se necesite la asistencia  al desarrollo, para absorber la carga del fracaso estatal en el Sur.

•	Requerir la transparencia informativa sobre préstamos bancarios respaldados por recursos
Además de los pagos que las empresas hacen directamente al estado, en las industrias extractivas, hay una clara necesidad de exigir la publicación de información sobre los préstamos asegurados contra futuros ingresos percibidos de los recursos, especialmente los ingresos derivados del petróleo. Los bancos podrían favorecer estos préstamos porque ganan altas tasas de interés y están asegurados contra futuras extracciones de recursos, pero se arriesgan a convertirse en cómplices de la malversación de los fondos públicos, a menos que haya disposiciones establecidas para verificar que los préstamos se utilizan debidamente y asegurar que la gestión fiscal del gobierno es transparente.  Por tanto, los bancos deben publicar información sobre todos los préstamos respaldados por recursos, y exigir que los prestatarios acepten auditorías de manera transparente, como condición necesaria para recibir dichos préstamos. En los casos en que la empresa petrolífera fuese la receptora de un préstamo respaldado por el petróleo, la auditoría necesitaría publicar no solamente su recibo del dinero, sino también las posteriores transferencias de dinero al gobierno.

En el mejor de los casos, la disposición de préstamos respaldados por petróleo podría haber socavado el trabajo de las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional FMI en países como Angola, al proporcionar a los gobiernos fondos que no están sujetos a las estrictas condiciones de los préstamos del Fondo. En el peor de los casos, la disposición de préstamos respaldados por petróleo a tales países, en efecto, podrían creer un sistema entero de financiamiento paralelo, fuera del escrutinio público, que apoya al estado fantasma y provee oportunidades para que el dinero efectivo se desvíe a los bolsillos privados.

Esta información no está normalmente a disposición de la sociedad civil, en cuyo nombre se firman los acuerdos para tales deudas.  Así como con los ingresos percibidos del petróleo, el ciudadano medio no puede saber si estos préstamos son apropiados o no; por tanto, no están en condiciones de exigirle a su gobierno que rinda cuentas sobre el uso de las facilidades crediticias. 

Los Principios Wolfsberg voluntarios, creados por 11 bancos principales y la ONG contra la corrupción ‘Transparencia Internacional’, buscan  impedir el uso de los servicios bancarios para ‘fines criminales’.  Cada banco firmante ‘se esforzará en aceptar solamente aquellos clientes cuyas fuentes de recursos de riqueza y fondos puede establecerse razonablemente como legítima’.  Esto podría, fácil y eficazmente, extenderse para cubrir la publicación de información sobre préstamos respaldados por los recursos.  Por ahora, varios firmantes de Wolfsberg, entre ellos ABN, Amro, Citibank y Société Générale, prestan dinero a Angola para fines desconocidos. Más ampliamente, transparencia informativa sobre los préstamos necesita introducirse como factor en los futuros requisitos ‘conozca a su cliente’ implantado por los bancos.

RECUADRO

Exigir la transparencia informativa como condición necesaria de toda asistencia al desarrollo por parte de los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales.

La comunidad de donantes ya acepta el principio que debería promover la buena gestión gubernamental en los países receptores; el requerimiento de la transparencia informativa como condición necesaria de toda ayuda es una extensión consecuente y lógica de este principio. Por ejemplo, el Acta del gobierno de EE.UU. ‘Anticorrupción y Buena Gestión Gubernamental Internacional’, aprobada en el 2000, enmendó el actual Acta de Asistencia Exterior para agregar ‘la promoción de la buena gestión gubernamental, el combate contra la corrupción y la mejora de la transparencia y la responsabilidad’ a la lista más importante de los objetivos de la política exterior de los EE.UU.  La iniciativa la ‘Cuenta del Reto del Milenio’ situó también la buena gestión gubernamental en el centro de sus criterios de desembolso de fondos. 

En cuanto a la Unión Europea, su Acuerdo de Cotonou con receptores de África, el Caribe y el Pacífico de asistencia  al desarrollo, reconoce también que combatir la corrupción es elemento fundamental de la futura asistencia  para el desarrollo.  El Artículo 93 especifica que la buena gestión gubernamental es la ‘gestión transparente y responsable de los recursos humanos, naturales, económicos y financieros para los fines del desarrollo equitativo y sostenible... La buena gestión gubernamental... constituye el elemento fundamental de este Acuerdo’. 

La transparencia informativa sobre los ingresos es tal vez el criterio más básico, para evaluar la buena gestión gubernamental en los países en desarrollo cuyo ingreso depende casi enteramente de los recursos de extracción. 

El Banco Mundial y el FMI tienen un papel especialmente importante que cumplir en la promoción de la transparencia de ingresos, por su  capacidad técnica y papel central en la reestructuración macroeconómica.  Hasta ahora, su compromiso ha sido esporádico y discontinuo.

El Banco Mundial no sólo desembolsa asistencia para el desarrollo directamente, sino que también participa en la inversión directa en el sector extractivo por medio de la Corporación Financiera Internacional (CFI), filial del Banco que se asocia con inversores privados. Una evaluación interna de la actuación del Banco Mundial en enero de 2003, pone de relieve lo errado de su enfoque actual.  Afirma que, debido a los ‘vínculos entre la pobreza y la mala gestión gubernamental... el incremento de inversión en la IE (Industria Extractiva) puede posiblemente conducir a resultados negativos para la mayoría o muchos de los clientes del Banco [énfasis original]. El informe pide ‘una fundamental reorientación de las labores del Banco... alejándose de dar prioridad a la atracción de nueva inversión y caminando hacia un fortalecimiento de la capacidad y la asistencia técnica enfocada a fortalecer la capacidad del gobierno para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de la inversión en la IE actual’.

El Banco Mundial podría lograr esta reorientación política estableciendo como línea central de trabajo el requisito de transparencia informativa sobre los ingresos en todos sus compromisos con los países donde las industrias extractivas son importantes. A cambio de la asistencia técnica y los préstamos de ajuste estructural provistos por el Banco para los sectores del petróleo, gas y minas, o para fines macroeconómicos, debería obligarse a los gobiernos que por mandato exijan que los organismos estatales hagan público los recibos percibidos del petróleo y la minería, así como la publicación de todos estos pagos efectuados por las empresas extractivas al estado. La CFI y el Organismo Multilateral de Garantía a la Inversión (OMGI), unidad del Banco que garantiza la inversión contra riesgos de orden político, deberían exigir también que todas las empresas que reciben su apoyo publiquen los pagos que efectúan a los estados.

Múltiples informes de organismos consultivos del mismo Banco Mundial le están pidiendo que muestre liderazgo en la transparencia de ingresos. La Revisión de las Industrias Extractivas (RIE; en inglés, Extractive Industries Review), dos años de consulta del Banco de múltiples partes interesadas que completó su último informe a fines de 2003, afirma que ‘el Grupo del Banco Mundial GBM debería urgir vigorosamente la transparencia de todos los países y empresas en todos los países ricos en recursos con los cuales trabaja.  El GBM, por ejemplo, debería asociarse con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) y Publish What You Pay (Hagan público lo que pagan) para promover la transparencia del flujo de ingresos en los países de sus clientes, y debería usar su poder como enlace para apoyar vigorosamente los esfuerzos actuales para desarrollar una acción común contra la corrupción. Los requisitos del GBM necesitan  armonizarse con estas iniciativas.’  Un informe de julio de 2003 del propio Departamento de Evaluación de Operaciones, del Banco Mundial, titulado ‘Industrias Extractivas y Desarrollo Sostenible’ hizo sugerencias muy similares.

No obstante, hasta ahora, el requerimiento de una transparencia informativa sobre los ingresos por parte del Banco Mundial ha sido fragmentaria e inconsecuente. Si bien el Banco Mundial estableció como condición necesaria la publicación y la auditoría de los ingresos del oleoducto de Chad - Camerún para su apoyo al proyecto, no aplicó tal criterio a los bonos personales pagados por las empresas participantes. Además, el acuerdo de publicación con el gobierno de Chad, orgullo del Banco Mundial, será objeto de una renegociación al mismo tiempo que los primeros ingresos importantes del oleoducto empiecen a recibirse. Del mismo modo, aunque se estableció un grupo de expertos independientes para supervisar el desembolso de ingresos, el grupo de expertos carece, en la actualidad, de capacidad para cumplir su mandato.

Un Examen de 2002 del Banco Mundial y el FMI, de sus Estrategias Nacionales de Lucha contra la Pobreza, concluyó que la transparencia dentro de los países y las asociaciones para el desarrollo internacional es crítica para que tengan éxito los esfuerzos para reducir la pobreza. Pese a ello, el ejercicio de seguimiento de los ingresos del Diagnóstico de petróleo del FMI con el gobierno de Angola ha carecido de todo compromiso para publicar cualquier resultado. Lo mismo ha pasado con la auditoría del FMI/Banco Mundial sobre los ingresos provenientes del petróleo en Congo Brazzaville, donde, a pesar del compromiso por parte del gobierno de publicar el informe final, únicamente un breve sumario ha sido publicado.

Otro problema destacado durante las deliberaciones de Global Witness con funcionarios del Banco Mundial durante 2003, es que algunos de estos últimos parecen favorecer actualmente que las empresas extractivas lleven a cabo una ‘publicación agregada’. Este modelo contempla que las empresas que operan en un país dado no publicarían individualmente sus pagos al estado, sino que darían los datos a un tercero como el Banco Mundial mismo, que entonces publicaría el total para todas las empresas como una cifra agregada. 

No hay problema inherente con que un tercero haga la auditoría de los datos de ingresos de las empresas y los organismos estatales después que se hayan publicado, de modo que cualquier irregularidad pueda conciliarse, siempre que el proceso se lleve a cabo abiertamente.  Pero si los datos de las empresas son agregados en secreto y entonces solamente se publican como una sola cifra total, el resultado sería una transparencia muy diluida, que carece de credibilidad porque la sociedad civil se ve obligada a confiar en la palabra de quien ha hecho el agregado, en lugar de que la misma sociedad civil pueda acceder a los datos.  Cualquier tercero que participe en la recopilación o la verificación de los datos  debería apoyar los esfuerzos de la sociedad civil para llevar el control del flujo de los ingresos, no que se les substituyan. 

No está claro por qué el Banco Mundial podría desear respaldar esta forma de ‘publicación agregada’, que no concuerda con el principio adoptado en los países industrializados, donde las empresas publican individualmente la información clave. No está claro quién estará a cargo de la agregación. Asimismo, la publicación agregada negará uno de los más grandes beneficios de la transparencia informativa sobre ingresos para las mismas industrias extractivas, que es que las empresas individuales pueden demostrar que están contribuyendo a la sociedad con señalar sus pagos de ingresos y de impuestos.

Los únicos beneficiarios obvios de la agregación serían las empresas mineras y petrolíferas, a las cuales se aliviaría de la necesidad de publicar los términos de los contratos que han ganado con diferentes países, que pueden variar considerablemente, o los arreglos para minimizar el impuesto global que puede ser legal pero que causa controversia. 

El enfoque generalmente fragmentado y poco sistemático del Banco Mundial y el FMI hasta la fecha, parecería socavar las actividades del FMI para promover, un código de práctica óptima en la transparencia fiscal, de manera más amplia entre sus miembros.  A menos que los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales se comprometan a aplicar como línea central de trabajo el requisito de transparencia de ingresos en todos sus programas de préstamos, desarrollo y asistencia técnica, inevitablemente no abordarán las razones subyacentes de la pobreza y la mala administración macroeconómica en los países pobres pero ricos en recursos. En cambio, simplemente perpetuarán un círculo vicioso usando el dinero de los contribuyentes del Norte para tapar algunos de los síntomas. 

FIN DE RECUADRO 

Los G8 y la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva, del Reino Unido  (ITIE)

La declaración de los países G8 tras su reunión en Evián entre el 1 y 3 de junio de 2003 apoya e intensifica el enfoque a la transparencia de ingresos.  Los miembros del G8 se comprometieron a:

•	Estimular a los gobiernos y a las empresas privadas y públicas para que hagan público sus flujos de ingreso y pagos.

•	Trabajar con los gobiernos participantes para lograr un estándar alto de la gestión transparente de los ingresos públicos, incluyendo el proceso de adjudicar contratos y concesiones.

•	Proveer apoyo al fortalecimiento de la capacidad técnica donde sea necesaria.

•	Estimular al FMI y al Banco Mundial para que den el necesario apoyo técnico.

El acto más importante a este respecto ha sido la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE), del Reino Unido. Su Primer Ministro, Tony Blair, merece gran elogio por su iniciativa de reunir a representantes de la industria, la sociedad civil y gobierno para deliberar sobre el tema, y para iniciar una estructura para mejorar la transparencia informativa, y el control, sobre ingresos provenientes de industrias extractivas, en junio de 2003.

En la reunión se acordó un amplio conjunto de principios que ‘subrayan la importancia de la transparencia de los gobiernos y las empresas en las industrias extractivas’, ‘el principio de práctica  y responsabilidad por parte del gobierno ante todos los ciudadanos para la administración de las corrientes de ingresos y gasto público’ y la necesidad de promover la publicación obligatoria tanto por parte de las empresas como por parte de los gobiernos para conciliar las cifras con las cuentas del gobierno.

La Iniciativa ha clasificado las corrientes principales de ingresos de la extracción de recursos y ha creado los necesarios modelos para la recopilación de datos.  Asimismo, ha mostrado que la publicación de tales flujos no es ni onerosa ni difícil, e identificó una serie de países pilotos dispuestos a comenzar el proceso de publicación transparente.  La lista de los posibles países pilotos actualmente abarca: Ghana, Georgia, Azerbaiján, Trinidad y Tobago y Timor Oriental.  Nigeria proyecta una iniciativa de transparencia que aprovecha elementos de la ITIE, mientras que Sao Tomé y Príncipe, donde están por comenzar las exploraciones petrolíferas, está en la primera etapa de un proyecto de transparencia inspirado en la ITIE.

La estrategia de seguimiento del gobierno del Reino Unido en los seis meses posteriores a las reuniones de la ITIE en junio ha sido errática.  Por ejemplo, no se ha confirmado a Timor Oriental como país piloto para la transparencia, incluso cuando el mismo Primer Ministro Mari Alkatiri asistió a las reuniones de la ITIE durante todo un día.  El país que ha prometido la acción más resuelta en transparencia, Nigeria, ha ido más allá del enfoque cauteloso adoptado por la ITIE, y estos cambios están siendo conducidos por el gobierno de Nigeria mismo, con aporte del Banco Mundial,  más que por el Reino Unido.

Hay una serie de problemas que  amenazan con socavar el efecto de la ITIE.

Problema número 1. Falta de alcance exterior y medios insuficientes
La primera responsabilidad para la implementación de la ITIE hasta ahora ha yacido con el Department for International Development – Ministerio para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) – pero los primeros signos indicaban que, pese a que la ITIE figura como primera prioridad para DFID, la Iniciativa no recibió ni el apoyo político ni los medios necesarios.  El jefe del equipo de DFID que trabaja sobre en la ITIE, se fue después de la conferencia inaugural en junio de 2003 y no fue reemplazado hasta diciembre. Hasta hace poco, el equipo de DFID tenía solamente dos personas trabajando a jornada completa. Esta debilidad no ha pasado desapercibida en países como Estados Unidos, donde son escépticos acerca de la ITIE, y en países como Angola, donde los problemas de transparencia son los mayores. 

En una reciente medida positiva, el  equipo dedicado a las industrias extractivas en DFID fue reforzado por seis funcionarios a tiempo completo, y otros ofrecen sus aportaciones. El equipo ha comenzado a trabajar con países pilotos. Sin embargo, la capacidad de DFID para poner en marcha la ITIE por sí solo sigue limitada; aunque el respaldo del Banco Mundial para ITIE a fines de 2003 ofrece la perspectiva de mayores medios, todavía hay una clara necesidad de mejorar considerablemente su capacidad y comunicaciones. Existe una creciente frustración por partes de la industria y la comunidad de inversores que simpatizan con la transparencia, así como de la sociedad civil, de la falta de progreso hasta la fecha.

Problema número 2. La ITIE es un proceso puramente voluntario
El segundo fallo en el enfoque de la ITIE y en el de los G8 es que han puesto  el énfasis únicamente en el enfoque voluntario para promover la transparencia informativa.  Las empresas han acordado publicar sus cifras siempre y cuando el gobierno anfitrión les dé permiso. El problema de esto es que el compromiso necesario para actuar de modo abierto simplemente no se materializará donde las élites políticas y comerciales tienen intereses personales en mantenerse abastecidos de dinero efectivo.  Esto significa que la Iniciativa no funcionará en esos países donde la transparencia es más necesaria (Ver recuadro: ‘Los peligros del voluntariado’). De hecho, la experiencia de los acuerdos voluntarios de auditoría en Angola y Congo Brazzaville demuestra que este enfoque para la publicación no es viable.

Problema número 3. No se promueve la publicación individual por parte de las empresas
Ideas insidiosas como la ‘publicación agregada’ de los pagos de más de una empresa se han apartado también de las normas propuestas. Como se observó anteriormente, esto significa que las empresas no se comprometerán ante una publicación individual de sus corrientes de ingresos, sino que juntarán sus datos con los de otras empresas para divulgar una cifra agregada nacional. Aunque es importante proteger la información comercial confidencial, el compromiso de publicar solamente datos altamente agregados, en lugar de información detallada empresa por empresa, es algo que va en contra de la filosofía de transparencia que subyace a la iniciativa.  La publicación de los pagos efectuados por cada empresa es la norma aceptada en los países desarrollados, y este enfoque amenaza también con crear una discrepancia deliberada en el comportamiento empresarial entre el Norte y el Sur.  Además, uno de los beneficios centrales de la transparencia informativa, que es que una empresa mejore su licencia social para operar indicando la contribución que hace a las finanzas del estado, se pierde. 

La adopción de la agregación, como la publicación voluntaria es que la publicación agregada escondería varios métodos legales pero controvertidos que el Gran Petróleo usa para minimizar sus obligaciones fiscales. La sección sobre Guinea Ecuatorial de este informe observó el potencial para que las empresas utilicen contabilidad compleja para minimizar sus pagos a los países que desesperadamente necesitan ese dinero.  La casi total falta de capacidad del gobierno de Guinea Ecuatorial para llevar el  control de la industria petrolífera resultó en considerables pagos incompletos, que sólo se corrigieron cuando intervino el Banco Mundial. Tales eventos constituyen un argumento claro para justificar la necesidad de maximizar la transparencia de las empresas de modo individual.

Problema número 4. Redacción ambigua 
Puede haber abuso de las referencias al ‘respeto por los contratos’ en la ITIE y ‘santidad de los contratos’ en la resolución del G8.  Las cláusulas de extrema reserva incorporada a muchos contratos entre empresas y estados podría utilizarse para bloquear la publicación completa y conducir a que ambas partes afirmen que han cumplido con los principios de la iniciativa mientras que realmente publicaban sólo proporciones pequeñas del total de los ingresos.

Parte del motivo para tal dudosa redacción es que ExxonMobil y otras empresas americanas afirmaron que si la ITIE establecía cualquier norma internacional sobre la gestión de los ingresos extractivos, entonces ellas podrían ser enjuiciadas por incumplimiento conforme a una poco conocida pieza de la ley de EE.UU. llamado el ‘Alien Tort Claims Act’( ACTA).  El Acta fue escrita en 1789, pero se ha utilizado más recientemente para reclamar daños y perjuicios en las cortes americanas por posible complicidad empresarial en abusos de derechos humanos que violan la ‘la ley de naciones’.  Pero, en vista de que la ITIE no tendrá parte en la ley de naciones, sino que es una iniciativa voluntaria que se basa en que los gobiernos  anfitriones otorguen permiso para la publicación, parece infundado citar esta ley como el fundamento para justificar una posible responsabilidad legal. No obstante, el hecho que las empresas se  sientan tan expuestas porque podrían firmar un conjunto de principios, pero que no puedan publicar datos porque un gobierno en particular se los prohíbe, es en sí un argumento para que se exija por reglamento la publicación de datos a todos los gobiernos nacionales. 

¿Toma de posición en transparencia?  
Tras el lanzamiento de la ITIE, ha habido importante progreso hacia la transparencia informativa en tres países: Nigeria, Ghana e Irak.

El Presidente Obasanjo de Nigeria prometió el 7 de noviembre de 2003 que su país publicaría abiertamente todos sus ingresos de la industria petrolífera y que exigiría a las empresas petrolíferas que operan en el país que publiquen individualmente sus pagos.  Este paso bien recibido, que viene de un país afectado por una corrupción masiva relacionada con el petróleo, será extremadamente positivo cuando se ponga en práctica.  Obasanjo declaró explícitamente su apoyo  a los principios de la ITIE, y observó que el modelo de publicación creado por la ITIE necesitaría adaptarse a las condiciones de Nigeria. Asimismo, respaldó el modelo de publicación apoyado por la coalición ONG Publish What You Pay (Hagan Público lo que pagan). Es de particular importancia como ejemplo para otros países que Nigeria se haya comprometido ir más allá del problemático modelo de ‘publicación agregada’ favorecido en la actualidad por la ITIE, y optar por un modelo mucho más eficaz, amplio y transparente, el de publicación  individualizada por empresa.

La Comisión de Minerales en Ghana ofreció, por primera vez, información detallada de los datos de producción, ingresos estatales y recibos de las empresas de su sector minero, en septiembre de 2003, a la prensa nacional.  Esta acción es claramente un paso en la dirección correcta, aunque no se ha exigido a las empresas que publiquen cuáles son sus pagos directamente, ni la sociedad civil ha participado plenamente en el proceso. No obstante, las indicaciones actuales son que el camino hacia la transparencia ha quedado empantanado, por razones que no son claras.  Hay que reconocerle el mérito de Ghana por lo que ha hecho hasta ahora, y debe reconocerse su condición de ser el primero en dar el paso hacia el proceso de la ITIE, así como estimularlo para que siga adelante. 

 Irak está en una posición anómala, tras la invasión dirigida por EE.UU. a mediados de 2003, en la que está gobernado conjuntamente por la Coalición de Autoridad Provisional CPA bajo control americano y un consejo de líderes iraquíes. La legislación de EE.UU. aprobó un proyecto de ley de provisión de fondos para Irak y Afganistán a finales de 2003, que entre otras cosas, dispuso casi $19 mil millones de dólares para gastar en el desarrollo de Irak. Una importante disposición en este proyecto de ley, que se aprobó como ley en noviembre de 2003, exige que la coalición CPA informe mensualmente sobre el volumen de producción de petróleo de Irak, el valor de los ingresos derivados de tal y el uso de tal ingreso. Esos datos tienen que publicarse en el sitio Web de la CPA en árabe y en inglés. Pero aunque algunos datos sobre los ingresos y gastos públicos están ahora en el sitio Web, la CPA aún no parece haber cumplido con este requisito específico de la ley. 

Esta medida  claramente interesa a la CPA, así como también al pueblo iraquí, puesto que debería ayudar, si se ejecuta debidamente, a prevenir la extendida sospecha en  Irak de que la presencia militar de EE.UU. tiene la intención de controlar el petróleo del país. Irak está en un momento de transición política y con la intención de conducir en un futuro cercano a un gobierno totalmente iraquí democráticamente elegido. Es de esperar que las disposiciones sobre transparencia de los ingresos por mandato de la CPA la adopte también un futuro gobierno iraquí.  Dada la estafa en los ingresos derivados del petróleo en el pasado para apoyar la criminal dictadura de Saddam Hussein, hay  una necesidad clara y urgente de transparencia de ingresos en Irak, como parte de un sistema de gestión gubernamental responsable.  

No ha de sorprender que todos los países que figuran en los estudios presentados en este informe hayan carecido de una participación significativa en la ITIE.  Angola incluso inventó para sí misma la curiosa categoría de ‘observador’. Pero la aprobación de la ITIE no es suficiente de por sí. No se debe permitir que un país como Angola, con largo historial de corrupción relacionada con el petróleo, se adhiera a la Iniciativa a menos que se comprometa concluyentemente a abrir sus libros. Existe el riesgo de que la aprobación de la ITIE se convierta simplemente en una bagatela para países o empresas que realmente desean desviarse de la presión para un cambio real. 

Estados Unidos, que puede desempeñar un papel central en la ITIE, ha, en el mejor de los casos, permanecido ambivalente hacia tal, y en el peor de los casos, ha tratado de marginar la Iniciativa en tareas mucho más grandes y difusas. Al final, parece que EE.UU. decidió que era mejor diluir la iniciativa desde dentro,  y envió a una serie de funcionarios de menor escala del Departamento de Estado a las reuniones de la ITIE para emitir tibias aprobaciones. ¿Temen los diplomáticos americanos que el objetivo primordial de la política exterior de la administración Bush, el garantizar suministros seguros de energía, pueda ser perjudicada por un exceso de énfasis en la buena gestión gubernamental y el uso responsable de los ingresos petrolíferos y mineros? Si es así, éste sería un enfoque marcadamente corto de vista y sin imaginación ante la cuestión de transparencia, dado que los últimos avalistas de un suministro seguro de energía son estados productores estables y bien establecidos. 

Hace poco, el Secretario de Estado Colin Powell hizo declaraciones terminantes acerca de la necesidad de transparencia en las industrias extractivas. En febrero de 2004 afirmó, ante una pregunta sobre corrupción y empresas americanas en Nigeria: ‘No deseamos ver a ninguno de nuestros países [sic] engañado por un país en el cual están invirtiendo. Y no queremos ver a ninguna de nuestras empresas sacar provecho del gobierno de un país en el cual han invertido o están situados.  Queremos ver que no haya corrupción sino total transparencia, no solamente para el gobierno, sino para las empresas también.  Estados Unidos necesita ahora actuar sobre este principio y actuar sobre la ITIE.

 En conjunto, la ITIE es un paso adelante en la cuestión  de la transparencia en el sentido de que el principio de transparencia informativa fue claramente reconocido por todos los participantes, pero ahora es necesario que los gobiernos y las empresas participantes sean mucho más rigurosos y que exista una acción eficaz hacia la implementación de sus principios.  El gobierno del Reino Unido, como la fuerza motriz detrás de la ITIE, tiene una responsabilidad particular en la promoción de ésta. Su dependencia actual de la publicación voluntaria únicamente no es suficiente para promover transparencia en aquellos países donde más desesperadamente se necesita. El enfoque voluntario no se adoptaría universalmente, y no aborda la magnitud del problema, dado que el dinero en cuestión que ha desaparecido podría literalmente ser cuestión de vida o muerte para la gente más pobre y vulnerable en algunos países.  La ITIE necesita, por tanto, reabrir el debate sobre las medidas obligatorias para promover la transparencia. 

CONCLUSIONES: Hacia un enfoque unido ante la transparencia informativa sobre los ingresos

La meta de transparencia informativa sobre los ingresos es totalmente consecuente con los objetivos internacionales de la buena gestión gubernamental, prevención de la corrupción y debate democrático sobre cuestiones de gestión de recursos. Las actividades comerciales se beneficiarán también. La exigencia de transparencia informativa tendría el efecto de proteger a las empresas de acusaciones de complicidad con prácticas gubernamentales corruptas y de proveer una competencia justa entre los competidores.  Por último, la transparencia informativa sobre los ingresos es un  primer paso vital para aliviar la aplastante pobreza del ciudadano medio en muchos países en vías de desarrollo ricos en recursos.

La transparencia funciona a favor de casi todos los interesados – ciudadanos, empresas, gobiernos donantes y la comunidad internacional en general – excepto para la élite corrupta que engorda gracias a la malversación sistemática de los bienes públicos.

El ciudadano medio de los países ricos en recursos es el dueño de aquellos recursos, y, sin embargo, carece de la información más básica para exigir la rendición de cuentas de sus gobiernos respecto de la gestión de los ingresos percibidos de dichos recursos.  El comercio multinacional no se beneficia de tener que competir con el tamaño de los sobornos en lugar de con méritos técnicos, así como tampoco gana cuando sus pagos legítimos a los gobiernos terminan financiando la división social. Pero, si trata de hacer algo solo, se enfrenta con represalias de intereses personales y con la amenaza de que sus operaciones se adjudiquen a competidores menos escrupulosos, como descubrió BP con un coste personal en Angola. Entretanto, los contribuyentes del Norte subvencionan actualmente el fracaso de los estados ricos en recursos del Sur en proporcionar debidamente los servicios básicos para sus ciudadanos. La comunidad internacional se enfrenta con una inestabilidad y un entorno de operación insostenible que amenaza la seguridad de los flujos de recursos.

Es la intransigencia de unos pocos lo que hace que el actual enfoque puramente voluntario de la ITIE, si bien un buen primer paso, sea una base insuficiente para el cambio real donde ese cambio más se necesita.

La transparencia informativa sobre los ingresos no es una imposición injustificada del Norte sobre el Sur.  El Artículo 1 de la Resolución No. 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ‘Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales’, afirma muy claramente que ‘ el derecho de las personas y las naciones  a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ser ejercida en el interés de  su desarrollo nacional  y del bienestar del Estado concerniente’ [énfasis agregado].  Las personas no pueden ser soberanas de sus recursos si no tienen conocimientos de los acuerdos alcanzados para la explotación de aquellos recursos. Promover la publicación obligatoria tanto por parte de las empresas como por parte de los gobiernos es consecuente con el espíritu de esta resolución.

Fundamentalmente, las empresas son cínicas en su uso de cuentas opacas en los países en vías de desarrollo cuando se atienen a diferentes reglas en el Norte, donde la publicación de datos en el mercado ha sido legislada  durante décadas. El hito de 1933, el Acta de Seguridad de EE.UU. fue diseñada para ayudar al mercado a recuperarse de la falta de transparencia y responsabilidad que ayudó a crear la burbuja de la Bolsa  en la década de los veinte y la posterior Gran Depresión. El futuro Juez del Tribunal Supremo, Felix Frankfurter, identificó el poder del escrutinio público para este fin: ‘El Acta de Seguridad es fuerte en el sentido que la publicidad es potente; es débil en el sentido que la publicidad no es suficiente... La existencia de primas, comisiones y sueldos excesivos, de listas preferenciales y similares, podría todo ser  un secreto abierto entre los que saben, pero los que saben son pocos. Hay una cualidad de encogimiento ante tales transacciones; forzar el conocimiento abierto de ellas es  bastaría para impedir que sucedan. Muchas prácticas realizadas con seguridad en privado pierden su justificación en público.’

La exigencia de transparencia informativa sobre los pagos de las empresas multinacionales de extracción de recursos es una extensión lógica de los instrumentos de  las políticas actuales, como las reglas de ‘libros y registros’ contra la corrupción, requisitos de cotizaciones en Bolsa, y las normas de contabilidad internacionales.

Finalmente, la transparencia informativa es una condición necesaria para la buena gestión gubernamental y las instituciones financieras internacionales deberían reconocerla como tal cuando adjudican el dinero de los contribuyentes.  El desembolso de ayuda y la inversión en los proyectos de industria extractiva deberían darse sólo dentro de un marco de política coherente que haga que estas inversiones sean consecuentes con las metas de desarrollo y lucha contra la pobreza.

Es hora de que los gobiernos nacionales publiquen abiertamente los ingresos que perciben de los recursos naturales y que la comunidad internacional exija la transparencia informativa sobre los ingresos de aquellos que extraen ingresos de los recursos. La transparencia informativa no eliminará la corrupción en los países ricos en recursos pero paradójicamente pobres, aunque ricos en recursos, pero sin ella no tenemos salida.